El 4 de abril de 1986, en una sesión del Consejo de Administración de Itaipú en Foz de Yguazú, el entonces director general brasileño de la entidad, el general Ney Braga, bajaba la posición de su país: reducir la tarifa o costo del servicio de electricidad de la entidad, porque “el gobierno brasileño adopktó en el país medidas rigurosas de combate a la inflación y en bases a esas medidas se volvió no viable a las empresas del sector eléctrica brasileño transferir a sus respectivos compradores el costo adicional de la energía comprada a Itaipú”.
Esa tarifa adicional, que también estaba por debajo del costo de la potencia en Itaipú, era US$ 4,75, porque 45 días antes, en febrero, regía la llamada tarifa provisoria de US$ 10/kWmes. Según documentos secretos, pero oficiales, rescatados en ocasión de las negociaciones de los seis reclamos paraguayos en 2009, la tarifa que reflejaba el costo de la potencia de Itaipú, así como lo establece el tratado, era de US$ 17,10/kWmes.
La infografía que ilustra este material informativo recuerda los nombres de los funcionarios paraguayos que en ese año integraron el Directorio Ejecutivo, instancia que propone medidas de esta naturaleza y el Consejo de Administración, la que aprueba.
A raíz de esa reducción, se produjo el el aumento de su deuda, precisamente con la empresa brasileña Eletrobras, según refiere el informe final de la auditoría de la deuda de Itaipú, realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
El Directorio Ejecutivo de aquel año 1986 estaba encabezado por el ya fallecido Enzo Debernardi, quien era el director general paraguayo. El equipo estaba compuesto por Hans Wilheim Krauch, como director Técnico; Antonio Colmán Rodríguez, como director jurídico; Victorino Vega Giménez, director administrativo ejecutivo y Fidencio Juan Tardivo, director financiero.
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La solicitud brasileña, que perjudicó tanto a Itaipú como al Estado paraguayo, fue avalada por el Consejo de Administración del citado 1986, con Ezequiel González Alsina, Andrés Gómez Ortiz y Salvador Rubén Paredes. También fueron parte de ese equipo Luis Martínez Miltos, Luis A. Peralta Báez y Silvio Meza Brítez (estos tres últimos, nombrados el 11 de mayo de 1986). Era entonces José Antonio Moreno Rufinelli el representante de la Cancillería ante el Consejo.
Entre 1985 y 1997, con excepción de 1991, Itaipú aplicó una tarifa inferior al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, dejando de percibir el importe de US$ 1.757.128.833 y generando una deuda ilegal de US$ 4.193.000.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.
El ente contralor manifiesta en su informe que esta situación aprobada en 1986 empujó a que Itaipú tenga que subir su tarifa durante los años 1998 al 2020, de manera a restablecer cierto equilibrio económico, por encima de lo establecido en el Estudio Tarifario realizado por su Dirección Financiera. Este estudio había establecido una tarifa media constante de 17,10 US$/Kw; sin embargo, su aplicación en ese momento ya no permitía cubrir las deudas que habían aumentado considerablemente por la falta de pago durante el periodo 1985-1997.
Si el 4 de abril de 1986 tomaron la decisión de transgredir un claro mandato del Tratado, el 31 de agosto, los directores y consejeros de entonces, también los paraguayos, aprobaron la incoporación de esa deuda ilegal al pasivo de Itaipú.
Integraban a la sazón el Directorio Ejecutivo Miguel Luciano Jiménez Boggiano, como director general paraguayo, quien desde el 15 de abril de 1994 también ejercía simultáneamente las direcciones de Coordinación y Jurídica Ejecutiva. Pedro Lozano Dietrich, director técnico; Edgar Rolando Mengual Herken, director financiero, y Félix Hermann Kémper González, el director administrativo ejecutivo.
El Consejo de Administración de 1997 estaba compuesto por Héctor Ernesto Federico Richer Becker, Joaquín Rodríguez Villalba, Miguel Fulgencio Rodríguez Romero, Adolfo Ozuna González, Paul Luis María Sarubbi Balansá y Julio César Vasconsellos (nombrado el 27 de agosto de 1997), siendo Carlos Augusto Saldívar el representante de la Cancillería.
La CGR menciona el año 1985 en su informe porque desde ese año regía una tarifa provisoria de US$ 10/Kw mes, que en febrero de 1986 la aumentaron a US$ 14,75/kw mes y 45 días después, en abril de 1986, volvieron a bajarlo a US$ 10/kw mes ante el planteamiento del entonces director general brasileño de Itaipú, el general Ney Aminthas de Barros Braga.
El documento de la Contraloría recuerda que la deuda de Itaipú con Eletrobras debió refinanciarse en 1990 por el monto de US$ 9.336.600.000 y nuevamente fue refinanciada en el año 1997 con el Contrato N° 1480/97, por US$ 16.225.001.360, que continua vigente con un saldo de US$ 3.629.057.000 a diciembre de 2020.
Las irregularidades detectadas por la CGR, expuestas a lo largo del informe final, demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado Brasileño y en perjuicio de la ANDE y del Estado Paraguayo, a pesar de ser la Entidad Binacional Itaipú, propiedad del Estado Paraguayo y del Estado Brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.