Consultado sobre el impacto del informe final de la auditoría de la deuda de Itaipú, presentado ayer por la Contraloría General de la República, el canciller nacional, Euclides Acevedo, señaló que el Derecho no es fácil y que la política, a la hora de la verdad, tiene que someterse a los dictámenes del ordenamiento jurídico. Pero que si se llega a demostrar que efectivamente se violó el tratado (beneficiando a Eletrobras y perjudicando a la ANDE y al Estado paraguayo), deberá buscarse el resarcimiento y la reparación.
“El informe de la Contraloría es, cuanto menos, delicado, por no decir grave, porque hace un diagnóstico que merece una atención privilegiada de las autoridades competentes, en primer lugar”, aseguró.
En segundo lugar, Acevedo manifestó que este es un informe que la Contraloría traslada a Itaipú y que Itaipú, como entidad binacional, tiene que responder ahora. “Itaipú tiene que hacer su descargo al informe de la Contraloría y ahí debe estar atento el Ministerio Público, porque si hay alguna irregularidad o posible hecho punible, entonces tiene que entrar el Ministerio Público a investigar y abrir las carpetas que sean necesarias”, manifestó.
Agregó que el Estado de Derecho no es una entelequia, está al servicio de una comunidad concreta, sobre todo cuando está en juego un capital nacional, que es la energía. “¿Cuál es el papel de la Cancillería? En primer lugar, tomar en serio todo esto, lo que quiere decir acopiar la mayor cantidad de información y, en ese paquete de información incorporar, como herramientas para la revisión del Anexo C y la renegociación del tratado. Es decir, ahora se inicia un proceso sumamente complejo, sumamente serio que va a exigir absoluta pulcritud de procedimiento legal”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.
Asimismo resaltó, que “lo peor que se puede hacer acá es una contaminación electoral tendenciosa”. En ese sentido, indicó que se debe buscar defender los intereses nacionales “de una manera contundente, no estridente”. Y que eso se logrará con argumentos, documentos y con historia contable “porque a la hora de la verdad esto todavía queda en el mundo de Itaipú, los consejeros, los directores; no llegó todavía a las altas partes contratantes”.
Añadió que las altas partes contratantes lo que tienen que hacer ahora es prestar la máxima atención a lo que está sucediendo y a partir de ahí ver qué hacer.
“El Gobierno tiene que defender los intereses nacionales. Si hay una deuda ilegal, hay que hacer que esa deuda sea pagada. ¿Qué es lo que se puede negociar? Si la deuda se paga al contado, por cuota, etc., pero eso debe demostrarse, por eso es importante la intervención de la Fiscalía. A mí no me es suficiente el informe de la Contraloría, es un elemento a tomar en serio, pero el que investiga el hecho punible es la Fiscalía”, sostuvo.
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Por eso reiteró que es fundamental la contestación de Itaipú y la participación de la Fiscalía, y a partir de ahí el Estado tiene que tomar una posición o una premisa, que es defender los intereses nacionales.
Ante la pregunta si el Ministerio Público debe esperar primero la contestación de Itaipú, para actuar, respondió que el Ministerio Público puede proceder en cualquier momento, pero que el procedimiento es que Itaipú tiene que hacer su descargo. “Antes de eso, el Ministerio Público ¿qué puede hacer? Puede actuar si quiere, de oficio, pero la investigación no supone la calificación automática. Ahí es donde tenemos que demostrar la seriedad de las instituciones”, dijo.
Finalmente enfatizó que “ante la menor sospecha de la existencia de una deuda ilegitima, el gobierno nacional será el primero en denunciar el hecho. Sería oportuno que el contralor paraguayo intente contactar con el contralor brasileño para que se haga un cruzamiento de las informaciones que posee”.