En el marco de la reactivación económica durante la pandemia, el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central US$ 1.000.000, para la realización de obras y así generar fuentes de trabajo en el departamento Central. En este contexto, el gobernador Hugo Javier González (ANR cartista), repartió estos fondos y transfirió al Consejo Regional de Salud la suma de G. 1.276 millones para obras de infraestructura en hospitales y compra de insumos médicos para hacer frente a la pandemia, y también trasfirió a la oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) la suma de G. 5.115 millones para la realización de obras públicas en los distintos distritos de Central.
Uno de los tantos casos irregulares que salen a la luz mediante la rendición de cuentas del gobernador, ahora se enfoca en “facturas a crédito”, que según datos, no sirven para justificar gastos si no tienen sus respectivos recibos de dinero que indiquen cuando se hicieron los desembolsos, como ocurrió en este caso que afecta al consultor Antonio Rodolfo Arpea Chávez, quien lleva más de 12 años dedicándose al estudio de impacto ambiental.
En el legajo presentado por la Gobernación a la CGR, aparecen dos facturas “a crédito” del ambientalista Antonio Arpea, a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), representado por Tadeo Álvarez Cristaldo.
El primer comprobante Nº 0002110 fue emitido el 4 de enero en concepto de “honorarios profesionales por elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto pavimentación pétrea en el departamento Central”, por un monto de G. 30.000.000. La segunda factura tiene Nº 0002111, también emitida el 4 de enero bajo el concepto de “honorarios profesionales por elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto construcción y mantenimiento del espacios públicos del departamento Central”, fue por un monto de G. 35.000.000.
Al respecto hablamos con el profesional Antonio Arpea, quién confirmó que las facturas son suyas, pero que no recibió ninguno de los pagos mencionados. Es más, deslindó todo tipo de responsabilidad con CIAP y la Gobernación de Central, ya que no se concretó el trabajo.
“No recibí ningún pago de la fundación. No hicimos el estudio de impacto ambiental, no se concretó porque nunca pagaron. Además la factura es a crédito, me gustaría que me paguen por los días que me llevó hacer el proyecto ambiental. Me pidieron foto de mis facturas para ordenar el pago y no me pagaron y todo quedó sin efecto”, dijo el consulto Arpea.
El ambientalista aseguró que a pedido de la CIAP, presentó el proyecto de estudio ambiental en enero, pero desde marzo, perdió contacto con los representantes de la oenegé, y por tal motivo decidió dejar sin efecto el trabajo y anular la factura, explicó el afectado.
“Dijeron que harían empedrado en área urbana y bueno, tiene que tener estudio de ese tipo. Me dieron todas las coordenadas, tuvimos que irnos al lugar para hacer el informe ambiental, pero como después perdimos contacto, dejamos sin efecto porque todo implica un gasto”, explicó el afectado
Agregó además que no estaba de acuerdo con los términos del contrato que CIAP le pidió firmar para concretar el negocio, ya que le pedían certificar ciertos trabajos que no guardan relación con su rubro. Especificó que él mismo se dedica a estudiar el impacto ambiental que podría tener la ejecución de algunas obras y no a la verificación de las obras en sí. “Yo no soy fiscalizador de obras, nosotros somos ambientalistas, es la Dirección de Obras la encargada. Yo no sé si las obras se hicieron bien o mal. Hacemos consultoría ambiental. No hubo ningún desembolso, no me mezclen por favor con ellos. Es muy delicado, yo trabajo con muchas empresas corporativas”, indicó Antonio Arpea.
Irregularidades por más de G. 2.000 millones
La Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), notificaron el pasado 20 de mayo al gobernador de Central Hugo Javier González (colorado cartista), por la falta de rendición de cuentas sobre el uso de US$ 1.000.000, que son al cambio actual más de G. 6.000 millones.
Días después, apresuradamente, el gobernador Hugo Javier presentó su rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, entidad que rápidamente publicó en el portal digital el legajo entregado por el administrador departamental. Desde entonces, dos concejales departamentales, Roque Ávalos y Adrián Billy Vaesken, ambos liberales, ejerciendo el rol de contralores, verificaron las facturas presentadas y encontraron varias irregularidades como la clonación de algunas, que denunciaron públicamente.
Hasta el momento, según la investigación y el cruce de datos hechos por ABC Color, más de G. 2.595.713.090, de G. 5.100 millones transferidos al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), fueron gastados irregularmente.
También, se duda del uso de más de G. 1.300 millones gastados por el Consejo Regional de Salud, organización presidida por ley, por el mismo gobernador Hugo Javier González, cuyo representante en este caso es el secretario de salud de la Gobernación, doctor Hugo Cabrera. En esta ocasión, según la rendición de cuentas, compraron mobiliarios hospitalarios de una metalúrgica donde se fabrican carrocerías para camiones de gran porte.
Tanto la Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), se encuentran investigando el caso y de confirmarse hechos irregulares en el uso del dinero público, denunciaran los ilícitos ante la Fiscalía.