La lista la encabezaron los senadores Óscar González Daher (ANR-cartista) y Jorge Oviedo (Unace), quienes renunciaron apresuradamente apena asumieron, tras hacerse públicos audios donde se los escuchaba presuntamente negociar sentencias judiciales y chantajear, hechos por los cuales se encuentran procesados.
El diputado colorado abdista José María Ibáñez se aferró con uñas y dientes a su cargo pero finalmente se vio obligado a renunciar, pese a lograr una salida judicial en su proceso por haber pagado con dinero del presupuesto público a sus empleados particulares. El mismo Abdo Benítez intervino para recomendarle su salida.
El colorado cartista Víctor Bogado fue despojado de su investidura de senador, tras ser hallado culpable de tráfico de influencia y corrupción en el caso de “la niñera de oro”.
Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional protagonizó varios escándalos, agresiones y abusos de poder dentro y fuera del Senado. Finalmente fue expulsado del Senado por agredir a un policía y destruir patrimonio público.
Dionisio Amarilla (PLRA) fue echado del Senado por un caso considerado de uso indebido de influencias por intermediar para intentar parar publicaciones periodísticas.
El último caso fue el de la senadora liberal María Eugenia Bajac que, con dinero del Senado, fue a Perú a participar de un congreso religioso, se contagió del covid-19 y no guardó las medidas sanitarias que debía, poniendo en riesgo la salud de sus colegas y de personas que estuvieron en contacto con ella.
Los “cara de piedra”
En contrapartida, parlamentarios salpicados por graves y bochornosos casos de corrupción permanecen en sus cargos: Javier Zacarías Irún (ANR-cartista), a quien sus mismos colegas le pidieron en una resolución del Senado que renuncie, por las acusaciones en su contra de enriquecimiento ilícito. También los diputados Miguel Cuevas (ANR-Añetete), acusado de enriquecimiento ilícito, actualmente procesado y preso, Ulises Quintana (ANR-Añetete), vinculado a hechos de narcotráfico y ahora preso, Tomás Rivas (ANR-HC) quien, como José María Ibáñez, usó dinero público para pagar a sus empleados y finalmente el diputado “multi-títulos” Carlos Portillo (PLRA), vinculado a graves hechos de tráfico de influencias en el Poder Judicial.
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