Desde el ente de control informaron que comenzarán a subir desde hoy a un portal web unas 3.000 declaraciones hasta completar las 150.000 en los sucesivos días. Si bien la Corte Suprema de Justicia autorizó la publicación de las declaraciones, esta es una verdadera victoria ciudadana de esta era democrática.
Tras la caída del dictador Gral. Alfredo Stroessner, el nuevo Paraguay despertaba en febrero de 1989 tras varias décadas de ocultismo e impunidad de los ladrones del dinero de los contribuyentes. La Constitución Nacional vigente, sancionada el 20 de junio de 1992, recogió en su artículo 28 el clamor popular y con letras claras y en voz alta establecía que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.
Esto incluye las declaraciones juradas de las personas que iban a manejar el dinero público, que en realidad es del pueblo. Lamentablemente este mandato expresado en junio de 1992 no tuvo cumplimiento inmediato no solo por la mezquindad de las autoridades de turno sino más que nada porque por debajo de la mesa y, a veces, a cara descubierta. Colorados y algunos sectores opositores sellaron alianzas o pactos de impunidad para seguir protegiéndose a sí mismos y a sus “patrones” mafiosos, lavadores de dinero y del crimen organizado.
Pasaron años, décadas, gobiernos y los sucesivos candidatos regionales y nacionales se llenaban la boca de discursos electoralistas de combate a la corrupción. Eran simples poesías, pero a la hora de la verdad hacían todo lo posible para que sus compatriotas tengan acceso pleno al patrimonio de las autoridades que manejaban el dinero público.
De esta manera, el candado de la Contraloría guardaba celosamente verdaderas evidencias del crecimiento patrimonial de funcionarios públicos y sus armarios se convertían en mudos y tristes testigos de hediondos crecimientos atropellos a la tesorería pública.
El periodista de ABC Juan Carlos Lezcano bajo patrocinio del abogado Ezequiel Santagada presentó en abril de 2018 un amparo para solicitar la liberación de las declaraciones juradas. Tras dos años de negativa de la Contraloría, el 8 de mayo de 2018 se dio el primer fallo de un juzgado de primera instancia. Al mes siguiente se ratificó en la Cámara de Apelación y recién dos años después, el 11 de junio pasado, la Corte autorizó la divulgación.
Sin embargo, hasta último momento la ministra de la máxima instancia judicial Gladys de Bareiro de Módica dio lugar a una acción de inconstitucionalidad para que sus colegas no presenten las declaraciones juradas. Luego, un grupo de diputados colorados y liberales accionaron sin éxito.
Bajo la consigna: Destapemos Juntos, ABC conformó un equipo periodístico para visibilizar las declaraciones juradas que serán difundidas para toda la ciudadanía a través de una página de la Contraloría, pero que podrán ser analizadas y debatidas a través de todas nuestras plataformas, ya que finalmente, este es un logro de todos.