"Las últimas dos semanas han sido un momento difícil para nosotros como país en el que lamentablemente kenianos han perdido la vida, muchos han resultados heridos, propiedades han sido destruidas y nuestras instituciones constitucionales atacadas", afirmó Ruto en un mensaje televisado y dirigido a la nación desde la State House, la sede de la Presidencia en Nairobi.
Las protestas, que surgieron como una reacción contra un proyecto de ley que contemplaba subidas de impuestos, se transformaron en manifestaciones que ahora piden la dimisión del presidente y rechazan la corrupción y la mala gobernanza, entre otras reivindicaciones.
Ruto decidió no firmar el pasado 26 de junio el controvertido proyecto de ley y anunció la retirada de esa iniciativa legislativa, a fin de atajar su peor crisis desde que llegó al poder en 2022.
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Pero continuaron las movilizaciones, que no cuentan con líderes oficiales y son impulsadas en las redes sociales por jóvenes de la llamada 'generación Z' (nacidos entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI).
La retirada del controvertido proyecto de ley, subrayó Ruto en su alocución, supuso una reducción de los objetivos estatales de ingreso de 346.000 millones de chelines (algo más de 2.500 millones de euros).
Respecto a ese monto, el mandatario prometió un recorte presupuestario de 177.000 millones de chelines (cerca de 1.280 millones de euros) en el año fiscal que comenzó en julio para "pedir prestada la diferencia", que se destinará a "proteger la financiación de servicios gubernamentales críticos".
Entre las medidas de austeridad para reducir gastos, Ruto subrayó que "47 corporaciones estatales funciones superpuestas y duplicadas se disolverán", al tiempo que, con efecto inmediato, "se reducirá el número de asesores en el Gobierno en un 50 %".
"Las líneas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las oficinas de la primera dama y de las cónyuges del vicepresidente y el primer secretario del Gabinete será retiradas", indicó el jefe del Estado, al agregar que quedan suspendidos "todos los viajes no esenciales realizados por funcionarios estatales y públicos".
También anunció una "auditoría" que aportará "claridad sobre la alcance y naturaleza de la deuda" del país y el uso de los recursos públicos, a fin de recomendar propuestas para gestionar la deuda de "manera sostenible y con equidad intergeneracional".
A estas medidas, anticipó, le seguirán "cambios" en el Gobierno que anunciará próximamente.
La deuda pública de Kenia asciende al 68 % del producto interior bruto (PIB), cifra superior al 55 % del PIB recomendado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las protestas, que se repiten desde el pasado 18 de junio y empezaron con un tono pacífico, se han ido tornando violentas por la intromisión de matones, según alegan los convocantes.
La respuesta de las fuerzas de seguridad ha dejado al menos 39 muerto, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).
También se registraron al menos 361 heridos y 32 casos de desapariciones forzadas, señaló esa entidad reguladora el pasado lunes.