El ataque ocurrió en la localidad de Bocaranga y provocó la huida de algo más de 8.500 personas.
El ministro centroafricano de Defensa, Claude Rameau Bireau, confirmó el ataque e intentó tranquilizar a la población.
"Las posiciones de las fuerzas de defensa y de seguridad fueron atacadas. Las operaciones están en marcha y todo está en orden al menos por el momento", declaró el ministro a EFE por teléfono.
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Franklin Gbazérè, oriundo de la citada urbe y activista del Observatorio Centroafricano de Derechos Humanos (OCDH), indicó a EFE que "la localidad, que ya estaba amenazada, se despertó con un intenso fuego de armas automáticas y pesadas".
"Los rebeldes movilizados del 3R atacaron el destacamento de las fuerzas de defensa y de seguridad, así como de la policía y la gendarmería con base en Ngoutéré, situada a 45 kilómetros de Bocaranga", afirmó por teléfono Gbazérè.
"La zona está bloqueada y, a nivel humanitario, 8.559 personas de las aldeas objetivo de este ataque necesitan asistencia humanitaria", subrayó el activista, al agregar que hubo heridos que "se encuentran en una situación desesperada" porque el hospital de Bocaranga no ofrece atención médica adecuada.
El grupo rebelde 3R (Retorno, Reclamación y Rehabilitación) y el Gobierno firmaron un acuerdo de paz el pasado 6 de febrero, pero los ataques de los insurgentes no han parado.
Bocaranga es una zona minera y los rebeldes dependen de estos recursos para financiar sus actividades.
La violencia sistémica persiste en la RCA desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes procedente del noreste de mayoría musulmana -los Séléka- tomó la capital, Bangui, y derrocó al presidente François Bozizé, empezando una guerra civil sangrienta.
Este derrocamiento desató una ola de violencia sectaria entre grupos musulmanes y milicias cristianas denominadas antibalaka ("antibalas de AK47", en lengua local).
El 3R se formó en diciembre de 2015 para proteger a los pastores fulani (musulmanes) de los ataques de las milicias antibalaka.
Aunque el presidente actual, Faustin Archange Touadéra, declaró en octubre de 2021 un alto el fuego unilateral con el objetivo de facilitar el diálogo nacional, una buena parte del país -rico en diamantes, uranio y oro- permanece controlado por milicias.
Según la ONU, la violencia ha desplazado a más de medio millón de personas, y 3,4 millones -el 56 % de la población centroafricana- necesitan asistencia humanitaria.