La decisión fue tomada por la fiscalía general, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y también comprende a los exministros María Antonieta Alva, María Hinostroza y Víctor Zamora.
La Fiscalía señaló, en un comunicado publicado en la red social X, que declaró fundadas las solicitudes "de reexamen de actuados" que se presentaron "alegando la existencia de nuevos elementos de convicción" en este caso.
Precisó, en ese sentido, que la investigación preliminar continuará durante 120 días por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado.
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El fiscal general peruano, Juan Carlos Villena, había anunciado el pasado 3 de junio que dispuso no formular denuncia constitucional y archivar la denuncia contra Vizcarra por no tener "indicios de que haya habido una colusión".
Tras conocerse esa decisión, Vizcarra afirmó que se confirmaba que la compra de las pruebas rápidas para el diagnóstico de la covid-19 fue un "proceso limpio", en el que actuó con transparencia y dentro de la ley.
Sin embargo, la legisladora derechista Patricia Chirinos presentó el 17 de junio una denuncia constitucional en el Congreso contra Villena por haber tomado esa decisión y solicitó que se le inhabilite por 10 años, por considerar que infringió la Constitución y cometió los delitos de abuso de autoridad, prevaricación, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales.
El pasado jueves, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional, fórmula empleada para altos o ex altos cargos públicos, ante el Congreso contra Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado.
Esta denuncia se hizo por unas declaraciones de Vizcarra en las que negó sus supuestos vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra, Ingenieros y Contratistas.
Un entramado legal y judicial
En medio de este entramado legal y judicial, la semana pasada también se conoció que Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional (TC) que anule una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que le impuso en 2022 el Congreso para, de esa manera, poder "participar en la vida política" de su país.
El Congreso aprobó esa sanción contra el exgobernante por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones.
El Poder Judicial también evalúa una demanda de amparo presentada por el exmandatario para que se anule otra inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso por su presunta vacunación irregular contra la covid-19.
Esa decisión le impidió asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, por lo que el ex jefe de Estado presentó, aún sin éxito, recursos ante el Poder Judicial para buscar revertir la sanción.
Además de estos casos, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
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