La decisión fue oficializada por el Ministerio Público (Fiscalía) este martes con base a la decisión del juez penal Fredy Orellana, quien abrió el caso en 2023 tras los comicios generales de dicho año, donde Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, fue la gran sorpresa al colarse a la segunda vuelta y ganar la presidencial.
Tanto la cúpula del Ministerio Público como Orellana se encuentran sancionados por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y el mismo Arévalo de León, hoy presidente de Guatemala, los señaló en septiembre pasado de querer llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra.
La extensión de la investigación y de la suspensión oficializada este martes mantiene a los 23 diputados del Movimiento Semilla como independientes, sin poder pertenecer a la junta directiva del Parlamento, entre otros privilegios retirados.
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El Ministerio Público también indicó que el juez Orellana "autorizó la inmovilización" de las cuentas bancarias del partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo de León, investido en enero pasado.
Desde que avanzó a segunda vuelta en junio de 2023, el Ministerio Público guatemalteco y el juez Orellana intentaron evitar la llegada al poder del gobernante con diversas acciones legales, incluidos varios allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y también el decomiso de votos, una medida sin precedentes en el país centroamericano.
El caso en contra del partido oficial es por supuestas firmas falsas en la formación del partido en 2018, en un caso elevado a carácter penal y como delincuencia organizada pese a que la ley establece que es el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad al respecto.
Por su parte, la diputada del Movimiento Semilla, Andrea Reyes, aseveró este martes en sus cuentas oficiales que la situación del partido "no cambia en nada" y recordó que el juez sigue sin darles acceso al expediente en su contra, como ya denunciaron en más de 30 ocasiones.
De igual forma, fuentes de la agrupación política recordaron que la ley estipula que ninguna investigación penal puede extenderse más de un año y que la iniciada por el Ministerio Público supera dicho plazo.
Arévalo de León ha solicitado en diversas ocasiones la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a la que señala de corrupta y cuyo mandato culmina de manera oficial en 2026.