Agentes de la Policía Estatal de Frosinone, en la región central de Lacio, denunciaron ante la Fiscalía a un funcionario del Registro Civil local y propietario de una agencia de intermediación internacional, al que acusa de "complicidad en la estancia clandestina en Italia de numerosos ciudadanos brasileños".
También se le acusa de los delitos de violar la ley para concesión de ciudadanía italiana, de "falsedad ideológica en documentos públicos", "omisión de documentos oficiales", de cometer actos contrarios a sus obligaciones como funcionario, de abuso de poder y de "falta de recaudación de tasas consulares" por valor de al menos 51.000 euros.
La red, existente desde 2017, benefició de 179 ciudadanos extranjeros, explicó la policía en un comunicado.
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Se trataba de "un verdadero sistema destinado a fomentar la estancia ilegal en territorio italiano de ciudadanos de nacionalidad extranjera" a través de la obtención de documentos "en muy poco tiempo" y "casi en ausencia de certificaciones obligatorias y de los controles documentales necesarios", se indica en la nota.
Este entramado, de acuerdo con la investigación, hacía que los beneficiarios obtuvieran "el reconocimiento de la ciudadanía italiana 'jure sanguinis'" tras "el pago previo de grandes sumas de dinero".
La red desmantelada está vinculada a una organización que actúa a nivel internacional, entre Brasil, Alemania e Italia, y logró obtener "importantes beneficios" con sus operaciones. Según la Policía, ganó "una suma ilícita superior a 700.000 euros en sólo tres años".
La operación policial comenzó tras una denuncia inicial procedente de la Embajada de Italia en Reino Unido, y la investigación incluyó "largos servicios de observación y seguimiento, escucha de numerosos testigos y un análisis profundizado de los documentos incautados.