En un mensaje enviado por un portavoz este domingo a EFE, Thales confirmó la realización de esos registros e insistió en que la empresa "coopera con las autoridades competentes".
La compañía, especializada en la electrónica para equipos aeroespaciales y militares, así como en la ciberseguridad, aseguró que "se atiene estrictamente a las reglamentaciones nacionales e internacionales".
También "ha desarrollado y aplicado un programa de conformidad mundial que cumple y que responde a las normas más elevadas del sector".
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Los procedimientos judiciales de estos últimos días responden a dos investigaciones abiertas en Francia, la primera hace ocho años por la venta en 2008 de submarinos y la construcción de una base naval en Brasil.
La segunda tiene que ver con otras operaciones de venta de material civil y militar fuera de Francia.
Según diferentes medios franceses, los registros se llevaron a cabo simultáneamente en Francia, España y Países Bajos.
En ellos participaron 65 investigadores dirigidos por una docena de magistrados de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) asociados con Eurojust, la agencia europea de coordinación judicial.
El PNF tiene también en su visor Thales por otra instrucción sobre un contrato de venta de submarinos a Malasia y ha pedido que tres antiguos directivos de la compañía se sienten en el banquillo por delitos de corrupción.
El contrato con Brasil, suscrito en 2008 durante una visita a ese país del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, incluyó la venta de cuatro submarinos de tipo Scorpène por un precio evaluado entonces en 5.200 millones de euros y una nueva base naval con un astillero de submarinos en Itaguaí, inaugurado en 2018.
Thales es una compañía estratégica para Francia y está entre los líderes mundiales de su sector. En el primer trimestre de este año facturó 4.421 millones de euros, de los cuales 2.305 millones en actividades de defensa y seguridad, 1.182 millones en el sector aeroespacial y 916 en ciberseguridad.