Yefer Bravo, integrante de la Unidad de Exiliados Nicaragüense en Costa Rica, explicó en una declaración escrita que, junto a organizaciones de la sociedad civil, participarán de forma virtual en la sesión pública número 190 de la CIDH que se celebrará el próximo 8 de julio, con "la finalidad de denunciar la persecución transnacional que hemos sufrido decenas de líderes nicaragüenses en Costa Rica".
Bravo es cercano al refugiado y desnacionalizado opositor nicaragüense Joao Maldonado, quien en enero pasado, junto a su pareja y refugiada, Nadia Robleto, sufrió un atentado en Costa Rica que los dejó gravemente heridos.
Organismos nicaragüenses han exigido a Costa Rica esclarecer este atentado, el segundo que sufre Maldonado en Costa Rica en poco más de dos años, que exiliados opositores de ese país se lo atribuyen al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
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Maldonado, a quien el Gobierno español le otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza a finales de mayo de 2023, participó activamente en 2018 en las protestas contra el Gobierno de Ortega, en las que murieron al menos 355 manifestantes, según la CIDH.
¿Costa Rica ya no es un país seguro para los refugiados nicaragüenses?
Además de Bravo, intervendrán ante la CIDH el abogado costarricense Daguer Hernández, defensor del ciudadano Douglas Gamaliel Pérez Centeno, identificado como un opositor al gobierno nicaragüense y quien fue extraditado en febrero pasado de Costa Rica a Nicaragua.
Hernández, que fue subdirector de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica en el Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), ha explicado que Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias "Relámpago", fue entregado porque el Estado de Costa Rica le negó el asilo político y el refugio, por lo que ha valorado que Costa Rica ya no es un país seguro para los refugiados nicaragüenses.
También intervendrán Keyla Show, del Bloque Costa Caribe Nicaragua en el Exilio; Marvia Padilla o Raya Hope, del movimiento Resistencia Campesina Azul y Blanco; y el abogado Kelvi Zambrano, de la Asociación Civil "Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia".
La participación de esa delegación de exiliados nicaragüenses en la audiencia de la CIDH fue confirmada por la secretaria ejecutiva de ese organismo, Tania Reneaum Panszi, a través de una carta enviada a los solicitantes.
Nicaragua vive desde abril de 2018 una crisis política y social que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.