El informe señala que las transacciones a través de bancos tailandeses pasó de 60 millones de dólares en el año fiscal 2022/2023 (de abril de 2022 a marzo de 2023) a 120 millones de dólares en el periodo 2023/2024 para la compra de suministros militares, por encima China, Singapur, India y Rusia.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, indicó en un comunicado que la buena noticia es que las transacciones de armas a través de "proceso formal bancario" de la junta birmana descendió desde los 377 millones de dólares en el periodo 2022/2023 a 253 millones de dólares en 2023/2024.
Así, las transacciones financieras ligadas a la compra de material militar entre 2022/2023 y 2023/2024 se redujeron de 140 a 80 millones de dólares en el caso de China, de 110 a 10 millones de dólares en Singapur, se mantuvieron en 15 millones desde India y bajaron de 15 a 10 millones de dólares por parte de Rusia.
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No obstante, Andrews alertó de que la junta birmana continúa evadiendo sanciones a través de "lagunas" en la implementación de las medidas y la falta de coordinación de algunos países.
El informe, publicado el miércoles y titulado "Banking on the Death Trade: How Banks and Governments Enable the Military Junta", señala que las autoridades de Singapur consiguieron reducir drásticamente las operaciones financieras con Birmania tras lanzar una investigación, a raíz de un informe sobre la compra de armas por parte de la junta.
"El ejemplo de Singapur demuestra que un Gobierno con suficiente voluntad política puede marcar una diferencia significativa para acabar con el comercio de la muerte en Myanmar. Tailandia tiene la oportunidad de seguir este poderoso ejemplo tomando medidas", dijo Andrews.
"Apoyándose en instituciones financieras dispuestas a hacer negocios con los bancos estatales birmanos, la junta tiene acceso a los servicios financieros que requiere para llevar a cabo sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos ataques contra civiles", precisó el relator especial.
Según el informe, empresas registradas en Tailandia fueron usadas para suministrar componentes para helicópteros Mi-17 y Mi35 que antes eran facilitadas por compañías en Singapur.
Estos helicópteros son usados para transportar soldados y realizas ataques aéreos como el ocurrido en abril de 2023 en la aldea Pazigyi en la murieron unas 170 personas, incluidos 40 niños, según los autores del documento.
El relator especial recordó que unos 5.000 civiles han muerto y 20.000 personas han sido detenidas por motivos políticos desde el golpe de Estado de 2021 en Birmania, donde hay 3 millones de desplazados por el conflicto y la violencia.
El golpe militar acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con miles de jóvenes uniéndose a grupos armados que combaten al Ejército.