"Los trabajos para la realización de los dos centros de primera acogida y de retención con vistas a la expulsión de inmigrantes ilegales, fruto del memorándum de acuerdo firmado por Italia y Albania", se encuentran "en una fase avanzada", explicó el Ejecutivo en un comunicado.
La visita este viernes del secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de ministros, Alfredo Mantovano, a los centros de Shengjin y Gjader, "permitió confirmar el pleno cumplimiento de los plazos previstos y anunciados en la anterior misión albanesa del 5 de junio pasado" de Meloni "y, por lo tanto, la operatividad para el próximo 1 de agosto".
"Hemos podido comprobar el pleno cumplimiento del cronograma y la validez de este modelo innovador de gestión de los flujos migratorios ilegales que otras naciones europeas, en primer lugar Alemania, están observando con atención", dijo Mantovano.
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En su visita del pasado 5 de junio, Meloni, defendió el controvertido acuerdo entre Italia y Albania, y aseguró que puede ser un ejemplo para otros países de la Unión Europea (UE) "porque puede ser parte de la solución para la migración ilegal incontrolada".
Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama, firmaron en noviembre pasado en Roma el acuerdo para la construcción en Albania de dos centros de identificación y acogida para inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, con una capacidad máxima de 3.000 personas al mes, o 36.000 al año.
El objetivo es que en esos centros se tramiten las solicitudes de asilo y que también desde allí sean repatriadas aquellas personas que no obtengan asilo, lo que reduciría el número de inmigrantes en territorio italiano.
Un centro estará en el puerto de desembarco e identificación de los inmigrantes en la ciudad portuaria de Shengjin, y otro en la antigua base aérea del ejército albanés de Gjader, para los trámites posteriores, como la presentación de la solicitud de asilo o para la repatriación.
El proyecto ha sido suscrito por cinco años, prorrogables por otros tantos.
La UE considera que el acuerdo respeta la ley, pero fue criticado por ONG como Amnistía Internacional, que considera que con él se da luz verde a un sistema de "detenciones ilegales" en Europa.