De acuerdo a los estándares internacionales de protección de la libertad de información, "los funcionarios públicos tienen un reducido umbral de protección de su privacidad", sobre todo cuando existen indicios razonables de que favorecen indebidamente con recursos del Estado a su entorno familiar o cercano, manifestó el asesor jurídico de IPYS, Roberto Pereira, en un comunicado de la institución.
El titular del Parlamento denunció a Hidalgo, reportero del programa 'Cuarto Poder', del canal América Televisión, por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de reglaje (seguimiento ilegal), después de un reportaje emitido el domingo pasado en el que se demuestra la relación que mantiene con la hermana de una de sus trabajadoras.
El IPYS señaló que el reportaje pone en evidencia la relación sentimental de Soto con una mujer cuya hermana fue contratada en su despacho sin contar con las credenciales para dicha función.
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Cuando estos hechos se hicieron públicos por la prensa, el presidente del Congreso dijo que no incurría en nepotismo porque no era esposo de la madre de su hijo y, por tanto, la contratada no era su cuñada.
Soto ha alegado que, para el reportaje, el periodista y su equipo le hicieron seguimiento, exponiendo a su hijo menor de edad y a la madre de este, además de revelar datos personales y su dirección de domicilio.
El IPYS expresó que la denuncia del titular del Legislativo es un acto de amedrentamiento contra la prensa de investigación, a través de una pretendida instrumentalización de la Justicia Penal imputando un delito manifiestamente inaplicable.
"El delito de reglaje o marcaje sanciona conductas de obtención de información exclusivamente para la comisión de delitos como homicidio, asesinato, secuestro, trata de personas, violación sexual o extorsión", explicó Pereira.
En ese sentido, el IPYS demandó que la denuncia sea rechazada por el Ministerio Público por tratarse de "un intento más" del Congreso de una "criminalización" del ejercicio válido de la libertad de expresión.