En un comunicado, el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro ha rechazado "categóricamente y en los términos más enérgicos" esta acción que, considera, "desconoce las prerrogativas propias de un jefe de Estado en ejercicio" y es "contraria al beneficio de la inmunidad procesal que le corresponde".
Al presidente sirio se "le acusa de una serie de falsedades", a través de un acto que constituye "una evidente violación del derecho internacional consagrado en la Carta de Naciones Unidas", remarca el escrito.
Caracas, que tildó de "postura temeraria" la orden de captura, expresó su solidaridad "con el hermano presidente", al tiempo que exhortó a la comunidad internacional "a evitar cualquier excusa que origine una injerencia extraterritorial contra el pueblo y Gobierno sirio".
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Venezuela "rechaza de forma contundente el intervencionismo imperial y cualquier otra amenaza que pretenda legitimar actos que violen la soberanía de las naciones libres y los gobiernos legítimamente constituidos bajo la voluntad de los pueblos", concluye el texto.
El Tribunal de Apelación de París validó este miércoles la orden de detención, con la que Bachar al Asad queda desposeído de su inmunidad como jefe de Estado por su responsabilidad en varios ataques con armas químicas en 2013.
Este dictamen fue considerado "histórico" por las abogadas de la acusación particular, que en declaraciones a la prensa destacaron que es "la primera vez" que una jurisdicción nacional reconoce que la inmunidad personal de un jefe de Estado en ejercicio no es absoluta.
Las letradas, que no se quisieron pronunciar sobre el fondo de la resolución porque todavía no habían tenido tiempo de examinar la argumentación, destacaron en cualquier caso que viene a certificar la vigencia de la euroorden emitida por un tribunal de instrucción francés el pasado mes de noviembre.
En la práctica, precisó Clémence Witt -una de las abogadas de la acusación particular-, eso significa que Bachar al Asad debería ser detenido en caso de entrar en cualquiera de los países de la Unión Europea.
Los ataques en los que se basa la orden de arresto se llevaron a cabo en el marco de la represión del régimen de Asad contra las protestas iniciadas en 2011 y que derivaron en una guerra civil que ha provocado desde entonces cientos de miles de muertos y millones de desplazados dentro y fuera de Siria.