Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Unificación, encargado de las relaciones con el Norte, publicó un reporte sobre la situación de los derechos humanos en el país vecino que aporta 141 nuevos testimonios de norcoreanos huidos de su país recientemente.
El documento destaca el endurecimiento de las condenas por consumir contenidos extranjeros, especialmente los de origen surcoreano, después de que desde 2020 el régimen haya aprobado tres leyes de control ideológico que ponen especial atención en la juventud norcoreana.
Una mujer que llegó al Sur junto a su familia el año pasado asegura en el informe que tres personas que conocía fueron ejecutadas por ver series televisivas surcoreanas.
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El escrito también arroja luz sobre las condiciones de esclavitud en las que viven los norcoreanos que son enviados a trabajar en labores pesadas (construcción, minería, industria maderera...) como mano de obra barata en Rusia, Mongolia o países africanos.
Mientras que la mayoría de sus salarios van a parar a manos del régimen, que obtiene así divisas de peso, estos trabajadores soportan jornadas de entre 16 y 17 horas diarias con tan solo dos días libres en todo el año, tal y como contó un hombre que fue enviado a Rusia en 2019.
El hombre asegura que vivía en un contenedor con otros 40 norcoreanos y que se les permitía lavarse la cara una vez al mes y lavarse propiamente cada seis meses.
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A su vez, se cree que Corea del Norte mantiene 10 campos de prisioneros políticos (los llamados “Kwanlliso”) en diversos puntos del país y que cuatro de ellos están actualmente en funcionamiento, según el informe, que indica no obstante que el campo de Yodok, situado en una zona montañosa del centro del país e infame por su brutalidad, parece haber sido clausurado.
Este año se cumplen diez años de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.
Ese texto revela crímenes sistemáticos contra la Humanidad como “exterminio, asesinato, esclavitud, desapariciones, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos o de género”.