La Red Mujeres para la Justicia -integrada por juezas y funcionarias judiciales de distintos fueros y tribunales de Argentina- presentó el pasado 18 de junio una demanda de inconstitucionalidad de la nominación del juez federal Ariel Lijo y del constitucionalista Manuel García-Mansilla hecha por el Gobierno de Javier Milei, por considerar que "viola sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias".
Al admitir a trámite la demanda, el Estado y el Senado argentinos deberán presentar en tres días “un informe dando cuenta del interés público comprometido por la solicitud”, es decir, que la Justicia espera las explicaciones pertinentes para decidir si dicta o no una medida cautelar en cumplimiento del amparo solicitado.
La causa quedó radicada ante el Juzgado 8 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, informó la Red, que cuenta en esta iniciativa con el respaldo de Amnistía Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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García-Mansilla es un abogado experto en Derecho Constitucional que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral desde 2019, y ocuparía el lugar del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años el 29 de diciembre, cuando la ley lo obligará a abandonar su cargo.
Lijo es juez federal desde 2004 y ha acumulado una gran cantidad de rechazos. Él ocuparía la vacante dejada en el órgano por Elena Highton de Nolasco, que dejó de la Corte Suprema el 1 de noviembre de 2021.
Para que ambos juristas puedan ser nuevos miembros de la Corte deben recibir el apoyo de una mayoría de dos tercios en el Senado. Es por ello que la Red ha pedido a la Justicia que ordene a la Cámara Alta que no inicie el análisis de esos pliegos hasta que el planteo de inconstitucionalidad se resuelva, ya que avanzar en ese proceso sería -en su opinión- convalidar un acto inconstitucional.
Según señaló AI Argentina, la propuesta de designación de dos varones es inconstitucional porque "discrimina a las mujeres que reúnen las condiciones de acceder al máximo tribunal", "profundiza la histórica falta de representación de las mujeres" en el Supremo y "refuerza estereotipos nocivos de género que reproducen la subordinación de las mujeres".
AI considera además que la designación "va en contra" de obligaciones constitucionales, tratados internacionales con jerarquía constitucional y el decreto 222 de 2003, que regula el nombramiento de los jueces del Supremo, hoy integrado por cuatro varones.
Por su parte, la Red estima "erróneo" el fundamento del Ejecutivo de que la “exigencia" de género "de ninguna manera resulta excluyente” para la postulación de los candidatos.