La organización humanitaria cuestionó que el derecho al voto en Estados Unidos no debería depender de su sistema legal penal, al señalar que este se basa en la discriminación.
En 2022, más de 4,4 millones de personas en Estados Unidos se vieron privadas de sufragar debido a una condena por un delito grave, según el reporte 'Out of Step: US Policy on Voting Rights in Global Perspective', divulgado este jueves.
En una estimación conservadora, los investigadores creen que 11 de cada 100 personas a las que no se les permite votar debido a sus condenas son latinos.
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La restricción al voto es mayor entre los afroamericanos, con uno de cada 19 estadounidenses de esa comunidad en edad de votar está privado de sus derechos por ser convictos en un delito penal, 3,5 veces más que los votantes no afroamericanos.
El informe, un proyecto en el que también participan The Sentencing Project y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), encontró que las leyes de la mayoría de los países analizados (73 de 136) nunca, o, en raras ocasiones, niegan el derecho a votar de una persona debido a una condena penal.
En los otros 63 países, "Estados Unidos se ubica en el extremo restrictivo del espectro, privando de sus derechos a un sector más amplio de personas en general", señala el informe.
La situación para los votantes se dificulta en estados conservadores como Florida, donde los menores con condenas por delitos graves pueden perder el derecho de forma permanente incluso antes de tener edad suficiente para votar.
Alison Leal Parker, directora de Human Rights Watch en EE.UU., dijo en un comunicado que "el derecho al voto y la legitimidad del sistema democrático en Estados Unidos no deberían depender de su sistema legal penal, que se basa en la discriminación y la perpetúa".
Abogó para que EE.UU. y sus estados reformen sus leyes sobre derecho al voto para ser elegibles a los convictos de crímenes.
El informe alerta que a pesar de que el Gobierno federal prohibió en 1965 algunas de estas políticas de elegibilidad, 48 estados en el país tienen leyes que restringen el voto a electores con convicciones penales.
No obstante, los investigadores encontraron que en los últimos años algunos estados han tomado medidas para devolver el derecho al voto a personas que perdieron su derecho a votar debido a una condena penal.
La mayoría ya no privan de sus derechos a las personas de por vida, y muchos ya no privan de sus derechos a las personas que han sido liberadas.
En ese sentido, Nicole D. Porter, portavoz de The Sentencing Project, explicó que el informe tiene una serie de recomendaciones para poner fin a la privación de derechos por delitos graves en Estados Unidos.
"Recomendamos que las localidades establezcan centros de votación o faciliten efectivamente la votación en todas las instalaciones correccionales, algo que hemos visto en el condado de Cook (Chicago, Illinois), el condado de Harris (Houston, Texas) y el Distrito de Columbia", agregó.