Así lo decidió la sala de apelaciones del alto tribunal catalán, reunido hoy para deliberar si aplicaba la ley de amnistía -aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados con el rechazo de la oposición conservadora y ultraderechista- a varias causas vinculadas al intento secesionista catalán de 2017.
Una de ellas era la que condenó, por malversación y prevaricación, a cuatro años y medio de cárcel y veinte de inhabilitación al exconsejero Buch, por fichar como asesor al exsargento de los Mossos d'Esquadra (la policía regional catalana) Lluís E. para que siguiera prestando protección a Puigdemont tras su huida de España a Bélgica.
En una sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, la sala considera que la malversación por la que Buch y el exescolta de Puigdemont fueron condenados entra en los supuestos previstos por la ley de amnistía -que únicamente deja fuera los casos en que hubo enriquecimiento personal-, por lo que declara la extinción de la responsabilidad penal y civil de ambos.
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Asimismo, deja sin efecto las medidas cautelares personales o patrimoniales que se hubiesen adoptado durante el procedimiento y cancela los registros, anotaciones y antecedentes, incluidos los policiales, que se hayan llevado a cabo tanto a Buch como a Lluís E., que ya no forma parte de los Mossos.
Condenados por prevaricación y malversación
En septiembre del pasado año, la Audiencia de Barcelona condenó a Buch por malversación y prevaricación, los mismos delitos por los que impuso 4 años de prisión y 19 de inhabilitación a Lluís E., que en 2017 ayudó a huir de España a Puigdemont y que en los 224 días que fue asesor en la consejería catalana de Interior, entre 2018 y 2019, cobró 52.712 euros de fondos públicos.
Respecto al delito de malversación, la sala recuerda que la amnistía incluye el perdón cuando el delito consiste en "financiar, sufragar o facilitar" cualquier acto para reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, siempre que no haya existido un propósito de enriquecimiento personal, entendido como "beneficio personal de carácter patrimonial" cometido "al margen" de los "fines" del intento secesionista.
La sala insiste en que si el destino del dinero público malversado "lo es exclusivamente" a los fines previstos por la amnistía deben ser perdonados, ya que otra interpretación "dejaría sin contenido" la ley.
La aprobación de una ley de amnistía a los implicados en el intento secesionista de 2017 fue una de las condiciones que pusieron los partidos independentistas catalanes para apoyar la investidura como presidente del Gobierno de España del socialista Pedro Sánchez tras las elecciones del pasado año.