Paraguay pide perdón a víctima de tortura y familia de líder campesino asesinado en 2003

Asunción, 24 jun (EFE).- El Estado paraguayo reconoció este lunes su responsabilidad internacional y pidió públicamente perdón al educador Ernesto Benítez, víctima de tortura, y a la familia del dirigente Eulalio Blanco, quien murió a manos de la Policía en una protesta de campesinos en la que ambos participaron en 2003 en el norte del país y dejó también 7 heridos.

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En cumplimiento de sendos dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el ministro del Interior, Enrique Riera, encabezó dos actos oficiales, uno por cada caso, en la sede del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) en la ciudad de Luque, a la que acudieron parientes y allegados a las víctimas, activistas y otras autoridades.

Los asistentes recordaron los hechos sucedidos hace 21 años -en junio de 2003- en el departamento de San Pedro (norte), donde una protesta de productores de cedrón cerca de la localidad de Santa Rosa del Aguaray fue reprimida por la Policía, "con el lanzamiento de gases lacrimógenos, disparos de arma de fuego y chorros de agua arrojados desde los carros hidrantes", refirió en esta jornada Cristina Coronel, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Al dirigirse a Florentina Olmedo, viuda de Blanco, Riera ofreció, en nombre del Estado, "las disculpas por su irreparable pérdida".

"Con profundo pesar, en lo personal, lamentamos que este caso simplemente no pueda restablecer las cosas a su estado anterior, porque no le podremos devolver la vida que arbitrariamente le fuera arrebatada al señor Eulalio Blanco", sentenció.

Dijo esperar que ese acto "contribuya a la reparación moral, como expresión de una genuina predisposición de garantizar la no repetición".

También ofreció a Benítez las "más sinceras disculpas por todo lo que tuvo que atravesar, no solo en el contexto de aquella manifestación de cedroneros del 2003, sino también por estos 21 años de peripecias para hacer de su caso particular uno ejemplificador y encontrar en este proceso al menos señales y visos de reparación".

Riera reconoció que Benítez fue "víctima de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes", que consideró "quizás explicable en época de dictadura", pero "inaceptable en plena democracia".

En su discurso, antecedido por las palabras de un pequeño de la comunidad de Tava Guaraní y una de sus exalumnas, Benítez, quien se presenta como educador popular, desgranó su vivencia como hijo de una agricultora hoy de casi 90 años y de un fallecido activista contra la dictadura que le enseñó "el camino de la lucha, de la dignidad y de la entereza".

"No siento ningún rencor, odio en particular contra nadie, mucho menos contra la Policía y los militares, porque la lucha es por la hermandad, por la solidaridad, por el amor y cuando uno lucha por esos valores, está dispuesto a aguantar todo y no es el rencor ni el odio que lo mueve", confesó.

Emocionado por momentos hasta las lágrimas, recordó sus inicios como educador en 1992, cuando recorrió "alrededor de 8.000 kilómetros a pie" durante cinco años para cumplir con su deber, y llamó a respetar la creencia de indígenas y campesinos de que "sin territorio no hay cultura, no hay vida".

"Vida la solidaridad, viva la hermandad, viva el amor, viva la vida", exclamó al cerrar sus palabras.

El 10 de diciembre de 2019, el Estado paraguayo suscribió un acuerdo sobre medidas de reparación a Benítez.

En el caso de Blanco, en septiembre de 2016 se firmó un preacuerdo mediante el cual el Estado paraguayo aceptó su responsabilidad en este asesinato.

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