Activista hongkonés condenado desafía ley de seguridad nacional con recurso histórico

Hong Kong, 24 jun (EFE).- Un activista hongkonés condenado por incitar a la secesión presentó el lunes un recurso histórico contra la polémica ley de seguridad nacional de Hong Kong, después de que su solicitud de liberación fuera denegada, lo que su equipo legal consideró un acto de injusticia contra sus derechos fundamentales.

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Apodado popularmente el "Capitán América de segunda generación" por vestirse como el personaje de Marvel en las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019, Adam Ma fue condenado y encarcelado en 2021 por promover la independencia de Hong Kong coreando eslóganes en público o redes sociales y en entrevistas con los medios de comunicación.

El que fuera repartidor de comida solicitó hoy al Tribunal Superior de la ciudad que ordenara su excarcelación después de que un funcionario de prisiones se negara a concederle una reducción de su condena de cinco años por buena conducta, argumentando que una decisión contraria sería "perjudicial" para la nación.

Hasta ahora, generalmente se permitía una reducción de hasta un tercio de la condena de un recluso por buen comportamiento durante su período de detención.

No obstante, desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, los reclusos culpables de delitos contra la seguridad nacional "no podrán ser excarcelados" a menos que el comisario de servicios penitenciarios esté convencido de que la medida no pone en peligro la seguridad nacional.

En un escrito hecho público el lunes, los abogados de Ma afirmaron que la facultad de decisión que la nueva ley confiere a las autoridades “es tan amplia e incierta que puede dar lugar a abusos”.

Además, se mostraron reacios a lo que consideraron una aplicación retrospectiva de la nueva norma, y señalaron que ya se había autorizado la puesta en libertad anticipada de Ma el 24 de febrero, un mes antes de que entrara en vigor la ordenanza.

El Artículo 23 entró en vigor en marzo de este año y es independiente de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 tras meses de protestas y disturbios en favor de la democracia, en la que se tipifican como delitos la secesión, la subversión, la connivencia con el extranjero y el terrorismo.

En la nueva norma figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

Anna Kwok, ahora directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong (HKDC, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, aseguró el jueves pasado en una rueda de prensa que en Hong Kong hay "más de 1.872 presos políticos desde el movimiento de 2019, que deben ser liberados de inmediato", y señaló que la cifra es susceptible de aumentar.

Tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional hace cuatro años, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han cesado sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, defensores de los derechos humanos, abogados, o periodistas.

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