En un comunicado, la ARP se pronunció sobre un juicio de amparo constitucional contra la Estancia Faro Moro, situada en la localidad de Filadelfia, en Boquerón, en representación de algunas comunidades indígenas ayoreo.
La acción tendría como objetivo "detener el desarrollo agro ganadero en dicho inmueble", según el comunicado.
La ARP indicó que se puso en contacto con los responsables del establecimiento, quienes "manifiestan que nunca han tenido problemas con las comunidades indígenas de la zona y que nunca han tenido noticias de supuestos grupos de Ayoreos 'en aislamiento voluntario'".
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"Mencionan -agrega la nota- que la Estancia Faro Moro lleva operando hace más de 30 años en la zona, sin que hayan existido conflictos con las comunidades indígenas Ayoreo", que aseguran son trabajadores del lugar.
En ese sentido, la agremiación rural indicó que los representantes del establecimiento exhibieron documentos "que demuestran que la empresa realiza las actividades" en dicha estancia "en cumplimiento de toda la normativa paraguaya".
La norma, explican, "les habilita al desarrollo de pasturas y la producción agropecuaria", para lo cual cuentan con una licencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la autorización del Instituto Forestal Nacional (Infona).
En ese contexto, la ARP rechazó "los intentos de supuestas organizaciones que, so pretexto de defender los derechos y las legítimas aspiraciones de las comunidades indígenas, sean utilizados para llevar adelante sus ocultos intereses", y advirtió que eso "crea incertidumbre a la producción agropecuaria, a los inversionistas" y al productor nacional.
De igual forma, instó a las autoridades administrativas y judiciales a rechazar estos intentos, dando la seguridad a los productores paraguayos que desarrollan sus actividades en cumplimiento de las normas vigentes, "que sus derechos no serán vulnerados".
En un comunicado de prensa con fecha del 20 de junio, seis comunidades cercanas a Filadelfia y otras cuatro de la comunidad nativa de Campo Loro, ubicadas a unos 490 kilómetros de Asunción, advirtieron que la expansión de la deforestación puede poner en un "riesgo inminente de genocidio" a los nativos aislados.
Al respecto, la abogada de las comunidades aborígenes, Marilina Marichal, declaró a EFE que la empresa Hekopora S.A., arrendataria desde 2022 de la Estancia Faro Moro (propiedad de la británica Faro Moro Limited), empezó el año pasado actividades de deforestación, que se teme estén empujando a los ayoreos aislados a contactos forzosos con otras personas.
Las comunidades solicitaron al juzgado de Garantías de Filadelfia una acción de amparo junto a una medida cautelar el pasado 29 de mayo para detener el desmonte de ese lugar, pero la medida fue negada el 18 de junio.