Tras su arresto, Masuku, de 62 años, compareció ante el Tribunal Especializado en Delitos Comerciales de Johannesburgo, donde enfrenta cargos de fraude relacionados con su puesto anterior en el banco sudafrucano Standard Bank.
La acusada dirigió el programa de inversión social corporativa para el "Trust Adopta una Escuela", un programa del banco diseñado para ofrecer becas, ayudas y premios educativos a estudiantes de escuelas apoyadas por ese proyecto.
Según la Policía, Masuku está acusada de hacer mal uso de su puesto para otorgar becas a amigos y familiares, eludiendo los procesos de selección y las aprobaciones pertinentes.
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Algunos de los fondos destinados a las becas se depositaron presuntamente en su cuenta bancaria personal.
Al parecer, Masuku manipuló documentos y eludió procedimientos fiduciarios, lo que provocó desembolsos no autorizados por un total de 1,2 millones de rands.
La vicepresidenta de la IEC fue puesta en libertad bajo una fianza de 20.000 rands (unos 1.042 euros) y su caso se pospuso hasta el próximo 4 de septiembre.
La IEC afirmó estar al tanto del arresto Masuku y subrayó que "el asunto se relaciona con su antiguo empleo y no se relaciona con su permanencia en la Comisión como empleada y comisionada".
"La Comisión seguirá de cerca la evolución del asunto", agregó el órgano electoral en un comunicado.
Sudáfrica celebró el pasado 29 de mayo sus séptimas elecciones generales, en las que el gubernamental Congreso Nacional Africano (CNA) perdió la mayoría absoluta por primera vez desde 1994, lo que le obligó a pactar con otros partidos para formar un Gobierno de unidad nacional.
El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma (2009-2018), enemistado con el CNA, alegó que hubo "fraude electoral masivo y otras irregularidades cometidas por el Congreso Nacional Africano", si bien no presentó prueba alguna.
Su nuevo partido, el Mkhonto weSizwe (Partido MK), irrumpió en sus primeros comicios con casi el 14,60 % de los votos, pese a que el Tribunal Constitucional impidió a Zuma concurrir a las elecciones por haber sido condenado a quince meses de cárcel por desacato en 2021.