Según esa Coalición, conformada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua, la justicia transicional sería un camino hacia la restauración democrática y vigencia de derechos humanos en un país que atraviesa una crisis desde abril de 2018.
Ese tema fue debatido en paralelo durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que presentaron soluciones para la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras responder con la fuerza.
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Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
En una declaración, esa Coalición sostuvo que desde 2018 Nicaragua se enfrenta a una de las peores crisis de derechos humanos en su historia contemporánea, y que organismos internacionales documentaron in situ la gravedad de esa situación, y destacaron la erosión progresiva del Estado de derecho, la concentración del poder en el Ejecutivo y la sistemática violación de derechos.
"Este contexto ha dejado a la población nicaragüense en un estado de indefensión, tanto dentro como fuera del país", advirtió ese grupo de organismos.
Piden formar a defensores en materia de justicia transicional
Por tanto, para esa Coalición, la respuesta a la crisis exige una formación robusta en derechos humanos para personas defensoras de derechos, a fin de fortalecer la búsqueda de justicia, verdad, memoria y reparación para las víctimas y sus familias.
En ese sentido, sugirieron soluciones de justicia de transición contemporáneas adaptadas a la situación de Nicaragua, al perfil de las víctimas y al contexto geopolítico de la región.
En el debate participaron el exsecretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, y la coordinadora de programas de la Red Internacional de Derechos Humanos Europa, Winnye Bernard.
También lo hicieron la representante de la Asociación Madres de Abril, Josefa Meza, que expuso sobre demandas sociales de memoria, verdad, justicia y reparación para Nicaragua; y el activista Juan Carlos Arce, representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más, que expuso sobre las estrategias de la sociedad civil para promover iniciativas de justicia transicional para Nicaragua.
Además, la abogada y defensora de los derechos humanos Anexa Alfred Cunningham, experta de la ONU del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y fundadora de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, quien abordó los desafíos y oportunidades de los mecanismos regionales y universales para contribuir en el proceso de justicia transicional nicaragüense.
La crisis política y social que vive Nicaragua desde abril de 2018 se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta- con sus principales contendientes en prisión.