Esta eventual complicidad se ve agravada por la reciente orden de la Corte Internacional de Justicia de detener de inmediato la ofensiva militar israelí en Rafah por riesgo precisamente de genocidio, agregaron los expertos.
"En este contexto puede considerarse que la continuación de las transferencias de armas a Israel proporciona asistencia consciente para operaciones que van en contra de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario", indicaron en un comunicado conjunto.
Entre los firmantes figuran la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos para la protección de derechos humanos durante la lucha antiterrorista (Ben Saul) o sobre derechos humanos y solidaridad internacional (Cecilia Bailliet).
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Los firmantes aseguraron que el embargo debe incluir la paralización de la transferencia directa de armas, pero también indirecta a través de países intermediarios que, en última instancia, podrían ser utilizadas por las fuerzas israelíes en los ataques en curso contra Gaza.
Las empresas que aún proveen a Israel de armas, como Boeing, Caterpillar o ThyssenKrupp, también deben poner fin a esta transferencia, "incluso si se ejecuta bajo licencias de exportación existentes", afirmaron los expertos.
Agregaron que su petición también se aplica a las instituciones financieras que invierten en estas empresas, ya que, insisten, "no impedir o mitigar sus relaciones comerciales con estos fabricantes de armas podría pasar de estar directamente vinculado a violaciones de los derechos humanos a contribuir a ellos".
Suscriben el llamamiento también los componentes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación de mujeres y niñas, sobre las desapariciones forzadas, o la relatora para los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, entre otras personalidades.