El acuerdo fija la posición de los países de cara a negociar con la Eurocámara el texto definitivo del nuevo marco de gestión de crisis y garantías de depósitos para la UE (CMDI, por sus siglas en inglés), propuesto por la Comisión Europea en 2023.
Las normas adoptadas por la UE a raíz de la crisis financiera de 2008 pusieron en común la supervisión y resolución de los grandes bancos europeos, aquellos considerados demasiado grandes para caer, pero dejaron la gestión de las crisis en entidades pequeñas y medianas en manos de cada Estado, lo que genera un trato diferente en función del país y propicia que acabe pagando el erario público.
Para paliar esta situación, las nuevas normas permitirían aplicar una resolución -en lugar de un procedimiento de insolvencia al uso- para los bancos de menor tamaño si está justificado en aras del interés público.
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A la hora de evaluar si es el caso, los países acordaron que solo se pueda aplicar un procedimiento de insolvencia si es más eficiente que el de resolución para lograr los objetivos y que las autoridades tengan que centrarse en los niveles nacional y regional al evaluar los problemas para la economía real que pueda provocar la quiebra.
Las nuevas reglas permitirían, por otra parte, que los costes de la resolución bancaria puedan financiarse con los fondos de garantía de depósitos nacionales o con el Fondo Único de Resolución (FUR) europeo si los colchones de capital que deben tener las entidades para este fin no son suficientes, ya que los bancos de menor tamaño tienen más problemas para captarlos en el mercado.
Pero el acuerdo de los países pone más límites a la financiación "puente" que podrían proporcionar estas redes de seguridad, que se nutren de contribuciones de la banca, según informó en un comunicado el Consejo de la UE, institución que representa a los Estados.
En concreto, han incluido salvaguardas para asegurar que estos fondos no sustituyen a los accionistas y acreedores del banco, que siguen siendo los primeros a la hora de asumir pérdidas en caso de problemas, así como para garantizar que en caso de que intervengan los fondos de garantía nacionales y el FUR, este último tenga prioridad a la hora de recuperar el dinero.
Asimismo plantean limitar el uso de esta financiación puente para los bancos con un balance de entre 30.000 y 80.000 millones de euros.
Los países han rechazado además la propuesta de la Comisión Europea de igualar la protección de todos los depósitos, incluidos los de más de 100.000 euros, a la hora de asumir pérdidas en caso de resolución y han reintroducido el estatus "super-preferente" que tienen los fondos de garantía de depósitos en esta jerarquía a la hora de recuperar el dinero.
Bruselas había propuesto cambiarlo para permitir la intervención de estas garantías en la resolución y porque consideraba que ayudaría a evitar fugas de depósitos en caso de problemas, como las que se dieron en Estados Unidos el año pasado a raíz de la crisis de SVB.
Las normas prevén, en todo caso, que los fondos de garantía de depósitos no puedan intervenir si el coste de hacerlo es mayor del que incurrirían en caso de tener que devolver todos los depósitos garantizados (aquellos hasta 100.000 euros) debido a la liquidación del banco.