El Poder Judicial informó este martes en la red social X que la solicitud fue planteada por los abogados de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios de Defensa y del Interior ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Los abogados solicitaron que se revoque la decisión judicial que dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entreguen esos planes de operaciones.
En respuesta, el fiscal Luis Felipe Zapata aseguró que la información solicitada no debe considerarse "reservada", ya que denegarla implicaría infringir el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad que asiste a las víctimas.
Zapata agregó, sin embargo, que la información requerida ya fue entregada a la Fiscalía.
Tras escuchar a las partes, el presidente de la sala suprema, César San Martín, informó que la causa quedó al voto y que se emitirá la resolución correspondiente "en breve plazo".
La Fiscalía de Perú abrió en enero de 2023 una investigación preliminar a Boluarte y a varios de sus ministros por la presunta comisión de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones.
Las pesquisas fueron ordenadas por la entonces fiscal general, Patricia Benavides, y también comprendieron al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez.
Además, al ex primer ministro Pedro Angulo y al exministro del Interior César Cervantes.
En Perú, el delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
El pasado 28 de mayo, la Fiscalía informó que investiga a 324 personas, 285 de ellas policías y 39 militares, por la muerte de 50 personas y las heridas causadas a 716 ciudadanos durante las protestas antigubernamentales.
Añadió que un equipo fiscal especial inició 62 investigaciones en contra de policías y militares, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, tortura agravada, lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.
Las protestas sociales, que tuvieron su epicentro en el sur del país, comenzaron tras el fallido autogolpe de Estado del entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022) y pedían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales, entre otras demandas.