El presidente del Consejo de Ministros de Perú dijo que ve "con gran preocupación" lo que está sucediendo en el Ministerio Publico, al indicar que ha habido varios fiscales generales en los últimos años, que hay cambios de postura por parte de la institución y que ésta ha abierto investigaciones a la presidenta, cuando ella "personifica a la nación y goza de un blindaje que le concede inmunidad".
"Lo veo en cabeza de la presidenta de la República, cuando basta una noticia, una portada para que inmediatamente, de la manera más insólita, sin investigación previa alguna (...) se inicie una investigación preliminar a la presidenta", añadió Adrianzén en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima.
El jefe del gabinete también reafirmó el presunto acoso fiscal a Boluarte, al sostener que tampoco recuerda que "la institución de la Presidencia de la República haya recibido un trato similar al que ahora vemos y creo que hay una politización de la justicia".
Unite al canal de ABC en WhatsApp
El primer ministro hizo alusión así a la investigación que abrió el Ministerio Público a Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilítico y cohecho pasivo en el caso denominado 'Rolexgate', relacionado con varios relojes de lujo que no declaró y ha exhibido en diferentes actos oficiales.
Mencionó que la Fiscalía "está promoviendo un llamado a la movilización social", lo que calificó como "irresponsable" y añadió que lo hace con "un propósito desestabilizador".
Por otro lado, Adrianzén afirmó que Perú debe acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), aunque no las comparta, después de que el Congreso se declarara independiente de las decisiones tomadas por este tribunal supranacional.
"Yo mismo (...) he sido crítico de muchas de las decisiones de la corte, eso no tiene que ver con la obligación de tenerlas que cumplir y acatar", dijo Adrianzén en declaraciones a la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP).
El jefe del gabinete respondió así al ser preguntado por la decisión del Congreso, que el pasado viernes rechazó a la CorteIDH, después de que este tribunal pidiera al Estado peruano suspender el trámite de un proyecto legislativo que busca precisar la aplicación y el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Adrianzén también se refirió a la decisión que adoptó ese tribunal en diciembre de 2023, cuando declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, contrario a lo que la CorteIDH había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
Acerca de esa declaración y en referencia a las obligaciones del país andino ante la CorteIDH, Adrianzén dijo que Perú ha admitido la competencia de la corte y, en consecuencia, respeta las decisiones de este órgano", aunque "no necesariamente las comparte y no por ello tiene que dejar de ser crítico".
Según dijo, Perú "se está defendiendo" de la acusación de desacato al señalar que están obviando "ninguna decisión de la corte", sino que está "cumpliendo una disposición del Tribunal Constitucional", que ordenó la liberación de Fujimori.