El voto de Austria podría ser decisivo para que mañana se logre en Luxemburgo una mayoría cualificada (mínimo de 55 % de países que sumen al menos el 65 % de la población de la UE) para sacar adelante una norma que busca reparar hasta 2023 al menos el 20 % de los ecosistemas degradados en 2030 y todos ellos para el 2050.
Ese plan incluye a las tierras de cultivo.
Gewessler dijo hoy que debe actuar en consciencia y por ello respaldará la norma, pese al rechazo del ÖVP, el socio mayoritario de la coalición que forman desde 2019.
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"En el momento crucial, quiero hacer lo correcto y no esconderme", ha asegurado.
La ministra ha descartado que esta postura amenace la estabilidad del Gobierno. Austria celebrará elecciones legislativas el próximo septiembre.
Desde el ÖVP, muy fuerte entre los electores del ámbito rural, se ha acusado a Gewessler de violar de forma deliberada la Constitución del país y de actuar por motivaciones ideológicas.
"Tomar una decisión política de tal alcance sin consultar con los Estados federados (regiones) y dentro del Gobierno federal no sólo es irresponsable, sino también peligroso en términos de política democrática" ha señalado el ministro de Agricultura, el conservador Norbert Totschnig.
El apoyo de Austria a la norma comunitaria estaba bloqueado por la falta de acuerdo en el seno del Ejecutivo y entre las nueve regiones que forman Austria. El ÖVP está presente en los gobiernos de coalición de siete de ellas.
Tras anunciar su apoyo a la ley dos de ellas, Viena y Carintia (en la que gobierna el ÖVP), la ministra considera que al no haber unanimidad tampoco puede haber rechazo, y que su voto en Luxemburgo no está condicionado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura.
En cualquier caso, aún no es seguro que la norma se vote en la reunión que celebran mañana los ministros de Medio Ambiente de los 27.
La apoyan once países, entre ellos Alemania, España y Francia. Si Austria se une a ese grupo, se lograría la mayoría cualificada.
El Partido Popular Europeo y el gran "lobby" agrícola Copa-Cogeca han hecho campaña contra una norma que obliga a corregir la disminución de polinizadores, recuperar el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola, mantener madera muerta en los bosques, no reducir espacios verdes urbanos o eliminar barreras artificiales en los ríos, donde el 81 % de los hábitats se encuentra en mal estado.