La propuesta fue presentada por el diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y plantea una modificación del Código Civil, a fin de establecer penas similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan un embarazo después de las 22 semanas.
El carácter de urgencia para el debate, aprobado por la mayoría conservadora de la Cámara Baja, permitirá que el proyecto tramite con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados.
En Brasil, según las normas actuales, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, aunque la ultraderecha y las influyentes iglesias evangelistas bregan en el Parlamento para endurecer esas condiciones.
Según el proyecto del diputado Cavalcante, en caso de que un aborto sea realizado pasadas las 22 semanas de embarazo sería considerado como un "homicidio simple", para el cual las leyes prevén penas que varían entre seis y veinte años de prisión.
La propuesta sostiene que esa tipificación debería aplicarse aún en los casos en que el embarazo haya sido producto de una violación, lo cual ha generado una ola de protestas de los grupos progresistas que respaldan al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Uno de los alegatos del oficialismo es que la pena para la mujer que aborte en esas condiciones, autorizadas hoy por las leyes, sería incluso peor que la aplicada a los violadores, que oscila entre seis y doce años de cárcel.
El proyecto también va en contra de una reciente decisión de un magistrado de la Corte Suprema, que suspendió de forma cautelar una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una técnica usada para interrumpir un embarazo en gestantes de más de 22 semanas, en casos de violación.
En su decisión, el magistrado Alexandre de Moraes aclaró que, en los casos de violación, "la legislación brasileña no establece expresamente ningún tipo de limitación circunstancial, procedimental o temporal para la realización del llamado aborto legal".
El Gobierno reaccionó a través del ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, quien calificó la propuesta de "inmoralidad e inversión de los valores más básicos de la civilización".
Almeida consideró un "descalabro" y una "provocación" que las cámaras legislativas discutan si "una mujer violada y el violador tienen el mismo valor para el derecho, o peor aún, que el violador puede ser considerado menos delincuente que la mujer violada".
Agregó que el proyecto es "claramente inconstitucional" porque "hiere el principio de la dignidad de la persona humana y somete a la mujer violada a una indignidad inaceptable y discriminatoria".