“La UE y sus Estados miembros están estudiando todas las opciones para reaccionar ante estos acontecimientos”, indicó el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, en un comunicado firmado junto a la Comisión Europea.
La Unión Europea “lamenta profundamente que el Parlamento georgiano haya decidido anular el veto de la presidenta a la ley ‘Sobre la transparencia del financiamiento extranjero’ y hacer caso omiso de los detallados argumentos jurídicos de la Comisión de Venecia que conducían a una clara recomendación de derogar dicha ley”, recalcó.
Recordó que la UE ha subrayado en repetidas ocasiones que la ley aprobada por el Parlamento georgiano “va en contra de los principios y valores fundamentales de la UE”.
Unite al canal de ABC en WhatsApp
“Su promulgación supone un retroceso en al menos tres de los nueve pasos establecidos en la recomendación de la Comisión para el estatus de candidato respaldada por los líderes de la UE, y tendrá un impacto negativo en el camino de Georgia hacia la UE”, indicó Borrell.
Se refirió, en concret,o a los puntos sobre desinformación, polarización y derechos fundamentales y participación de las organizaciones de la sociedad civil.
“Más allá de la ley sobre transparencia de la influencia extranjera, hasta ahora no se ha movilizado la suficiente atención política para avanzar sustancialmente en los nueve pasos”, alertó.
Por todo ello, instó a las autoridades georgianas a “revertir esta tendencia y a volver firmemente a la senda de la UE”.
“Aún hay tiempo para cambiar la dinámica, pero se necesita un compromiso firme por parte de las autoridades gobernantes”, enfatizó, al tiempo que aseguró que “seguimos al lado del pueblo georgiano y reconocemos la opción de una abrumadora mayoría por un futuro europeo para su país.”
El Parlamento de Georgia rechazó hoy el veto presidencial a la ley sobre agentes extranjeros: un total de 84 diputados de los 104 presentes votó a favor de la normativa y en contra del veto impuesto el 18 de mayo por la presidenta, la europeísta Salomé Zurabishvili.
El Parlamento georgiano había aprobado la ley el pasado 14 de mayo, pero la presidenta del país vetó la norma cuatro días después y exigió su derogación, aduciendo que aleja al país de Europa.
Según la legislación vigente, si en un plazo de cinco días la presidenta se niega a firmar la ley, podrá hacerlo el jefe del Parlamento.
Si la normativa, que fue rechazada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entra en vigor, las organizaciones no gubernamentales y los medios con más de un 20 % de financiación exterior tendrán que presentar una vez al año declaraciones públicas.
Según las autoridades, el 80 % del dinero que financia medios y ONG en Georgia es poco transparente y puede ser destinado a acciones de desestabilización con vistas a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.