El acta de recepción de la denuncia ante la Fiscalía Militar de la región de Matanzas destaca que los hechos denunciados "pudieran guardar relación con la comisión de los delitos de lesiones, privación ilegal de libertad y revelación del secreto de las comunicaciones", todos ellos contemplados en el código penal.
En el documento, al que tuvo acceso EFE, la denunciante describe las agresiones que sufrió por parte de los agentes el pasado jueves en el control policial de Bacunayagua, cuando se desplazaba de la localidad donde reside, Matanzas (oeste) a La Habana.
López, de 58 años, asegura en la denuncia que se le obligó a volver a Matanzas "sin motivo o razón aparente" y que, como se "negó sin recibir explicación", "la empujaron, golpearon" y "entraron al carro de patrulla por la fuerza".
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Una vez en el vehículo, prosigue el texto, "luego de estar inmovilizada en la posición de acostada" le "agredieron apoyándose encima de una de sus rodillas, le dieron una bofetada y le torcieron su mano derecha".
Luego la dejaron encerrada, sola y al sol durante un tiempo indeterminado dentro del vehículo policial y, cuando protestó para que le dejaran salir uno de los agentes la grabó en video con el celular que acabó subido a redes sociales.
La denuncia recoge también que el agente que atendió a esta historiadora y editora en medios no oficiales (ilegales) aseguró que su arresto era "un trabajo profiláctico" y que no se le iba a hacer un certificado médico de lesiones porque "no sería instruida de cargos".
López, que explicó que sigue sintiendo un dolor intenso en un hombro, viajaba a La Habana para realizar en el Parque Central de la capital su protesta de los 18 de cada mes, que realiza desde hace más de un año en el Parque de la Fraternidad de Matanzas, a donde acude sola y con un cartel en blanco.
Por estas protestas simbólicas ha sido detenida en varias ocasiones en los últimos meses y a raíz de ello, condenada a finales del año pasado a pagar una multa por el delito de desobediencia.
La intelectual se ha declarado en "desacato" con esa sentencia y negado a pagar la multa, consciente de que eso la puede llevar a la cárcel, como ha escrito en distintos artículos en redes sociales.
La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que ese juicio "sin garantías" tuvo "motivaciones políticas" y buscaba solamente "reprimir el ejercicio de los derechos" fundamentales de López Hernández, a la que calificó de "víctima de conciencia".
Además, la intelectual ha denunciado que había sido "regulada" por el Ministerio del Interior y, por tanto, tenía prohibido abandonar el país.