"Hace unos días, recibimos instrucciones del presidente para presentar para revisión (judicial) ante el Tribunal Constitucional el informe del panel y las recomendaciones que contiene", dijo Peter Harris en respuesta a las preguntas del medio local News24.
"Los documentos se presentarán en breve", señaló el letrado, sin especificar una fecha.
Esta era una de las posibilidades que barajaba el presidente después de que sus aliados en el Congreso Nacional Africano (CNA), el partido gobernante de la economía más desarrollada del continente, lo disuadieran de lo que parecía una dimisión inminente el pasado jueves.
"Puede ser de interés y sostenibilidad a largo plazo para nuestra democracia constitucional, mucho más allá de la presidencia de Ramaphosa, que se cuestione un informe tan claramente defectuoso”, declaró ayer el portavoz del presidente, Vincent Magwenya.
El informe fue elaborado por un panel independiente de tres miembros designado por el Parlamento de Sudáfrica el pasado agosto y liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo que debía analizar la moción interpuesta contra Ramaphosa por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, en inglés) en junio de este año.
El partido acusaba al mandatario, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que Ramaphosa admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.
El panel señaló que, "a primera vista", el presidente pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en "mala conducta grave" al exponerse a un "conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados", unas acusaciones que Ramaphosa negó rotundamente.
El artículo 89 de la Constitución permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.
El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA), anunció este jueves que presentará una moción en el Parlamento para la disolución del Gobierno, lo que llevaría a unas elecciones anticipadas.
Mientras, el Comité Ejecutivo Nacional del CNA, máximo órgano decisorio del partido, se reunirá este lunes para discutir el futuro de su líder, antes de que la Asamblea Nacional (Cámara Baja) debata al día siguiente el informe y decida si seguir con un proceso que podría resultar en una votación sobre la destitución de Ramaphosa.
El escándalo estalló el pasado junio, cuando el exjefe de la agencia de Inteligencia del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.
La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día, mientras Ramaphosa alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma fue menor, de 580.000 dólares (alrededor de 550.000 euros).