Un reporte de la Codeni de Minga Guazú había servido de base para que la fiscal Vivian Coronel inicie una investigación sobre maltrato de niños en un hogar transitorio de Minga Guazú. Durante el allanamiento de la semana pasada se encontraron a 25 albergados, de 1 a 18 años. A pesar de la baja temperatura de ese día, algunos niños estaban descalzos y desabrigados.
Igualmente constataron que si bien la estructura posee todas las comodidades básicas, el modo de funcionamiento no contaba con todos los requisitos. Los baños no estaban sexados, no tenían salida de emergencias, no tenían extintores ni sistema anti incendios y no poseían botiquín de primeros auxilios.
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El hogar tampoco tenía las documentaciones de los niños ni una oficina administrativa. Algunos de los niños fueron dejados en el lugar por sus padres y otros fueron puestos a disposición de la justicia. Antes esta situación se dio introversión de la Defensoría de la Niñez y se trasladó a los niños a otros albergues.
El albergue era manejado por un grupo de mujeres con hábitos de monjas e incluso alguna de las menores de edad eran vestidas de esa forma. Sin embargo, un informe remitido desde la Diócesis de Ciudad del Este confirmaron que solo una de ellas fue monja consagrada pero que su congregación había sido suprimida y la misma prohibida de vestir los hábitos. El resto de las monjas eran todas falsas.
Eventual imputación
Tanto los informes de las psicólogas como de la trabajadora social del Ministerio Público confirman que existió maltrato psicológico contra los menores de edad. Esto servirá con elemento de sospecha para una eventual imputación por maltrato contra menores de edad bajo tutela.
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“El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de sospecha para presumir la existencia de maltrato en niños y adolescentes. En este caso de maltrato psíquico. A medida que avanza la investigación obtenemos más elementos que respaldan la investigación por eso no quiero tomar una decisión apresurada de imputar”, expresó la fiscal Vivian Coronel.
Al menos tres personas fueron identificadas como las que manejaban el albergue. La Fiscalía también pidió informe para determinar si el hogar estaba habilitado para su funcionamiento.