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El Senado dio entrada al proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), que alza de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación. En tanto, sigue postergando la reforma de la deficitaria Caja Fiscal. La presentación se realizó a las apuradas y mientras en el Congreso se aprobaba la ley de la función pública y de la carrera de servicio civil, en medio de una ola de críticas.

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El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), remitió a la Cámara de Senadores el referido proyecto que cambia el régimen legal de jubilaciones de asegurados del IPS, con el que pretende establecer que la jubilación ordinaria para quienes tengan 25 años (como mínimo) de servicio y 60 años de edad se calculará basándose en el promedio de salarios percibidos por el trabajador en los últimos 10 años. Hoy, el cálculo se realiza sobre la base del promedio de salarios percibidos durante los últimos tres años y la propuesta es que el incremento sea gradual. Este plan del Ejecutivo sobre la jubilación derivaría en una reducción de la pensión para los nuevos jubilados, según los gremios. Llama la atención que el Ejecutivo priorice la reforma de la Carta Orgánica del IPS mientras posterga la presentación del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que acumula millonario déficit, que está siendo financiado con impuestos pagados por la ciudadanía. Esa necesidad de acelerar la reforma de la Caja Fiscal es una de las principales sugerencias de las calificadoras de riesgo y del FMI, que vienen insistiendo sobre la importancia de realizar las reformas paramétricas para evitar que el déficit siga creciendo. Advirtieron incluso que el uso persistente de los ingresos fiscales para financiar el déficit de la Caja Fiscal podría generar cuestionamientos sobre equidad entre funcionarios públicos y trabajadores privados, y socavaría el objetivo de las autoridades de aumentar la confianza pública en el gasto público.

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