No obstante, los efectos derivados del gasto público requerido durante la pandemia del covid-19 y el impulso dado para la recuperación económica han llevado a que muchos países presenten mayores déficits fiscales. Paraguay no escapa a esta realidad y el proceso de ajuste ya ha comenzado. Una vez más, esto nos hace pensar en Perurima y reflexionar sobre el hecho de que, aunque podamos sobreponernos a las circunstancias, las finanzas públicas no deben adquirir otras características de este personaje, como el uso de mañas, andar con travesuras o no ser prudentes.
Las finanzas públicas de Paraguay enfrentan el desafío de reducir el déficit al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 5098/13), es decir, hasta un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2026. Actualmente, este indicador se encuentra en un 3,2% del PIB.
En línea con lo anterior y en un marco de prudencia, el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para el año 2025 propone ajustes que nos encaminen a cumplir con el criterio establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para el siguiente año se prevé un déficit de 1,9% del PIB. Para lograr este objetivo, el PGN prioriza los gastos en educación (como el Programa Hambre Cero), salud, seguridad y protección social, sacrificando el crecimiento de otras inversiones, tales como las del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
¿Vale la pena ser prudentes? La respuesta claramente es sí. Un ejemplo que ilustra esto es la comparación entre Paraguay y Bolivia, dos economías que en su momento fueron de las más dinámicas de la región. En 2018, ambos países emitían bonos soberanos con tasas cercanas a las de países con grado de inversión.
Sin embargo, el mal manejo de las finanzas públicas en Bolivia ha provocado que hoy su riesgo país sea el más alto de la región, superando incluso al de Argentina. Aunque los teleféricos, trenes y rutas construidos en Bolivia son admirables, muchos de estos proyectos fueron financiados mediante emisiones del Banco Central de Bolivia. Esta práctica puede parecer beneficiosa en el corto plazo, al impulsar la economía, pero sus efectos a largo plazo son perjudiciales, ya que impactan negativamente en los precios y el consumo.
Cuando se trata de ajustes fiscales, los gobiernos suelen reducir las inversiones públicas en infraestructura como una de las primeras medidas. En Paraguay esto se evidencia claramente. Los recortes en el MOPC han sido significativos: en 2024, el Plan Financiero (la programación real del presupuesto) se redujo un 22% en comparación con 2023. Es importante destacar que el recorte previsto en las inversiones del PGN 2025 para el MOPC intenta ser compensado con inversiones de Itaipú y financiamiento del sector privado (a través de asociaciones público-privadas, APP, y la Ley N° 5074). Asimismo es relevante mencionar que se prevén aumentos en las inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
La necesidad de ser prudentes y recortar en el manejo de las finanzas públicas no está en duda, pero creo que es interesante debatir cuáles rubros deben ser recortados en el presupuesto durante los ajustes fiscales.
La inversión en infraestructura tiene un mayor efecto multiplicador que el consumo público. Según el BID (2022), un ajuste a través de la reducción de inversiones en infraestructura equivalente al 1% del PIB puede reducir el crecimiento en un 0,5%, con efectos persistentes que podrían llegar a una contracción del 0,7% en los siguientes tres años. En contraste, cuando se preserva la inversión pública y se realiza un ajuste fiscal por valor del 1% del PIB mediante otros rubros, esto puede conducir a un incremento de la inversión privada del 3,6% en los próximos tres años.
No me preocupa tanto el PGN para el 2025 en sí, sino la posibilidad de que no se preserve la inversión pública a largo plazo, y que cada vez que se necesiten ajustes fiscales, este sea el rubro sacrificado. Considero necesario abordar este tema en un nuevo reglamento de las reglas de responsabilidad fiscal. Después de todo, necesitamos continuar construyendo nuestro camino hacia el desarrollo del país.
Reducir
Las finanzas públicas del país enfrentan el desafío de reducir el déficit al límite fijado por la LRF, hasta un 1,5% del PIB para el 2026. Hoy es un 3,2%.
(*) Gerente de Economía de Mentu, socio de Investigación para el Desarrollo y profesor de Economía (UNA).