Subastarán banda de 700 Mhz

En la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se recibieron ayer las ofertas de las empresas de telefonía e Internet móvil para el usufructo de la banda 700 Mhz-4G LTE. Las ofertas pertenecen a las empresas telefónicas Claro, Personal y Tigo.

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Se trata de la Licitación Nº 01/2017 Banda Ancha Móvil “Para el otorgamiento de licencia para la prestación de los servicios de telefonía móvil celular y acceso a internet de transmisión de datos en la banda de frecuencia de 700 megahertz (MHz), mediante subasta simultánea ascendente, y las obligaciones para su operación y explotación”.

De las 7 subbandas que están en licitación, cada uno de los oferentes pretende quedarse con tres, que es el tope establecido por la Conatel. Por esta razón se prevé llevar a cabo una subasta a la baja entre los interesados.

“Esperamos poder realizar la subasta en los primeros días de enero”, según explicó Teresita Palacios, titular del ente.

En el día de ayer, también recibieron los comprobantes de los depósitos de las garantías en los bancos, que es parte de las exigencias según explicó. Para concursar, el depósito hecho es de 5 millones de dólares.

Según Palacios, el interés de las operadoras en la banda de 700 Mhz responde a que podrán mejorar su cobertura, sobre todo en zonas rurales.

“Van a tener mejor cobertura y mayor penetración”, aseguró.

La Conatel fijó en US$ 12 millones el precio referencial por cada subbanda de 10 MHz. Esta es una de las bandas más apetecidas por las empresas, debido a que requiere una menor inversión en antenas para cubrir un área geográfica mayor.

El año pasado, Conatel había licitado 60 MHz de la banda 1700-2100 MHz, que se adjudicaron las telefónicas Tigo y Claro, 30 MHz cada una, por un total de US$ 90 millones (US$ 45 millones cada una).

En tal sentido, según especialistas consultados, resulta llamativa la premura del Gobierno para adjudicar la banda de 700 Mhz, cuando aún no se ha liberado el espectro.

Supuestamente, los recursos obtenidos en esta licitación deben utilizarse en proyectos de carácter social encarados por la actual administración.

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