Lo que aún no ha informado el titular de Fepasa a la ciudadanía es cuánto prevén pagar anualmente a la empresa que construirá y operará el tren eléctrico, ya que, está muy claro, solo con el precio del pasaje el proyecto no es factible. Por lo tanto, el Estado deberá subsidiar gran parte de la construcción, operación y mantenimiento.
Por ejemplo, El presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Facundo Salinas, confirmó que, con el proyecto de ley sancionado por el Congreso, para implementar el tren de cercanías entre Asunción y Ypacaraí, la empresa adjudicada tendrá una ganancia asegurada durante 35 años de “subconcesión”.
“Ellos van a tener asegurado un flujo que repagará la inversión, los gastos de operación y mantenimiento, y un margen de ganancia que provendrá del éxito del proyecto. Además, tendrán el privilegio de operar el primer tren luego de muchos años en Paraguay, marcando un hito en la reforma del transporte público”, expresó cuando se le preguntó sobre los pagos que Estado asumirá durante el periodo del contrato.
En este sentido, el proyecto de ley sancionado, que ya fue remitido al Ejecutivo para su promulgación, establece que el o los contratos de subconcesión podrán contemplar diversas formas de retribución al subconcesionario, incluyendo pagos de inversión, pagos por disponibilidad, pagos en función del número de usuarios, derechos de explotación o aprovechamiento, entre otros mecanismos de retribución, según la reglamentación que se dicte y lo que estipule el respectivo contrato.
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Según el texto sancionado, para cumplir con estos compromisos, se creará un fideicomiso de administración y pagos, que será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en el cual el Estado podrá depositar los fondos necesarios para el cumplimiento de estas obligaciones. Este fideicomiso podrá ser fondeado con diferentes aportes estatales, el pasaje que pagarán los usuarios del tren e incluso aportes binacionales, entre otros.
Asimismo, establece que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se compromete, con los recursos previstos en su presupuesto, a mantener anualmente en el fideicomiso un monto suficiente para atender los compromisos firmes de cada año, así como un 10%, como mínimo, de los compromisos contingentes que surjan de los contratos de subconcesión para el proyecto del tren de cercanías.
En el fallido proyecto que intentaron ejecutar con los coreanos, el Estado debía pagar <b>más de US$ 60 millones</b> al año a la estatal coreana <b>Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND)</b> y sus aliados por la puesta en servicio y operación de un sistema ferroviario eléctrico durante los 30 años de “subconcesión”.
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Esto se traducía en más de US$ 2.100 millones que debía cubrir el Estado para que el proyecto fuera factible en el plazo citado. Al igual que el proyecto actual, los desembolsos debían salir de un fideicomiso que también debía ser creado para el pago de esta obligación.
Sin embargo, hoy aún no se presentan estudios que demuestren la viabilidad del tren ni si el Estado podrá o tendrá la capacidad de asumir estos desembolsos.
Inversión inicial de US$ 600 millones, con apoyo estatal de US$ 150 millones
Lo que sí explicó Salinas es que la inversión prevista para desarrollar el tren de cercanías es de entre US$ 585 y US$ 600 millones. “Este monto incluye todo: tendido eléctrico, trenes, terraplenes, vías, señalización, digitalización, etc. Estamos hablando de todo, ya que se deben construir nuevas vías desde cero”, expresó.
En este sentido, el Estado incluso está considerando otorgar una ayuda inicial de hasta US$ 150 millones a la empresa privada, siendo el resto (unos US$ 450 millones) lo que el socio privado debería financiar con bancos internacionales.
“El gobierno está analizando aportar entre 100 a 150 millones de dólares para la inversión inicial, y el resto sería responsabilidad del consorcio que gane, el cual deberá ser una sociedad de objeto específico (SOE). Esta sociedad será la encargada, según los contratos firmados y el marco legal aprobado, de obtener los recursos, ya sea de bancos de inversión, el mercado de capitales o bancos internacionales”, señaló.