De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el período inicial, de 2003 a 2007, se observa un incremento moderado en las remuneraciones, pasando de US$ 420 millones a casi US$ 900 millones.
Entre 2008 y 2013, el ritmo de crecimiento se acelera significativamente. En 2008, las remuneraciones alcanzaron US$ 1.201 millones y en el año 2013 llegaron a US$ 2.658 millones. El importante aumento de la planilla salarial había sido consolidado desde el año 2012 cuando el Congreso Nacional aprobó un aumento, en promedio, del 38% para todo el sector público y que desde entonces demandó del Estado alrededor de US$ 800 millones anuales de forma adicional.
Desde el año 2014 se observan señales de moderación en el crecimiento de las remuneraciones, llegando a un pico de US$ 2.719 millones, puntualmente, en 2014. Ese año marca un punto de inflexión, ya que en los siguientes periodos (2015 y 2016), los montos descienden a US$ 2.535 y US$ 2.326 millones, respectivamente. Esta disminución puede interpretarse como un ajuste fiscal (Ley de Responsabilidad Fiscal-LRF), motivado por restricciones presupuestarias o por la necesidad de frenar el gasto público ante limitaciones en los ingresos fiscales o presiones externas.
Estabilización y repunte reciente
En los años posteriores, desde 2017 hasta 2023, las remuneraciones muestran una relativa estabilización, en torno a los US$ 2.600 millones con ciertos incrementos anuales. En 2018, las remuneraciones ascendieron a unos US$ 2.600 millones, mientras que en 2022 superaron los US$ 2.720 millones de US$. Este comportamiento se dio, en parte, por un escenario de crisis económica y crisis sanitaria.
Durante 2023, se registra un aumento significativo, alcanzando los US$ 2.816 millones, constituyéndose en el periodo con el valor más alto en toda la serie histórica. Al observar la dinámica de las remuneraciones de lo que va de este Gobierno, se considera desde setiembre de 2023 a setiembre de este año. En este periodo, el gasto salarial presenta un crecimiento del 5% o aproximadamente G. 82.000 millones más, al considerar que al inicio de esta administración se había destinado G. 1,603 billones y, al último dato de este año, la suma de G. 1,685 billones.
Las remuneraciones del sector público como gastos rígidos limitan la capacidad del Estado para redirigir recursos en función de las prioridades coyunturales. En momentos de crisis económica, como la experimentada durante la pandemia de covid-19, la rigidez en el gasto en salarios fue un factor que restringió la posibilidad de destinar fondos a programas sociales o de inversión en infraestructura. Por otro lado, en periodos de crecimiento, el peso de este gasto también ha impedido un uso más eficiente de los recursos.
Por tanto, la gestión de este componente del gasto público sigue siendo un desafío para los gobiernos, especialmente en un contexto donde la flexibilidad presupuestaria es clave para hacer frente a las demandas económicas y sociales que surgen en el corto y mediano plazo.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.