El programa emblema del presidente Santiago Peña de construcción de viviendas para la clase media, “Che Róga Porã”, no prescinde de empresas que cuentan con antecedentes de incumplimientos de contrato con el Estado paraguayo, entre otras anomalías. Al menos eso se desprende de la verificación del historial de las firmas habilitadas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) como “desarrolladoras inmobiliarias”.

El ministro Juan Carlos Baruja, titular del MUVH, reportó que aguarda las propuestas de construcción de las firmas aprobadas, de modo a avanzar en las obras, cuyo objetivo principal es supuestamente disminuir el déficit habitacional. Se mostró ansioso de que la gente ya pueda elegir su futuro hogar, su casa propia.

Sin embargo, al parecer “se olvidó” de exigir como requisito para habilitar a las desarrolladoras que estas posean buenos antecedentes de cumplimientos de sus obras. Sobre todo porque la cartera les presenta a estas firmas a la ciudadanía como aliadas de la cartera de Estado.

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De ahí que surge la interrogante de si este programa busca realmente las soluciones habitacionales o si estamos, de nuevo, ante un negociado de la autoridad de turno, en este caso a costa del sueño de la gente de acceder a la casa propia.

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No cruzaron datos con DNCP ni base de datos interna

De hecho, Baruja reconoció a ABC que no se realizó un cruce información con la base de datos interna, de modo a no habilitar a aquellas constructoras que ya fueron cuestionadas en obras de viviendas sociales encaradas por la propia institución. Entre los criterios para elegirlas, se pudo haber considerado los incumplimientos en las especificaciones técnicas de las obras con el Estado, demora en la entrega y otros.

Todo indica que tampoco se cruzó información con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Por ejemplo, el MUVH habilitó a la empresa Kuarahy Ingeniería, de Enrique Chamorro Zárate, diputado colorado suplente por capital, quien en su momento fue jefe de campaña del expresidente del Insituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.

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Precisamente, dicha firma fue salpicada en el polémico caso de los “pozos de oro” del Indert, que la adjudicó para obras pero hubo denuncias de incumplimientos. El caso llegó al Ministerio Público en el gobierno de Horacio Cartes, hasta hoy sin conclusión.

Kuarahy Ingeniería registra numerosos contratos con el Estado y varias sanciones por incumplimientos.

También figura en la lista de “desarrolladoras” habilitadas Juan Enrique Rolón Garay, como persona física. El empresario fue denunciado en 2021 ante la Fiscalía por falsificación de firmas de supuestos aspirantes a subsidios para viviendas sociales del Fonavis, mediante un proyecto que presentó ante el MUVH como organismo de Servicio de Asistencia Técnica (SAT) denominado “Taka”. Rolón aspiraba a ser adjudicado en las construcciones del plan de reactivación económica, que contó con unos US$ 47 millones, plan ideado para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.

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La denuncia presentó el MUVH, cuando Carlos Pereira era titular y la investigación quedó a cargo del fiscal Nestor Coronel. No se supo de la conclusión de ese proceso.

Pareja de la vocera del gobierno Paula Carro

Por otra parte, se encuentra Vial Sur, de Carlos Muñoz, pareja de la actual vocera del gobierno con rango de ministra, Paula Carro. Al respecto, la misma dijo a ABC que fue habilitada para el programa en diciembre último, vía Resolución N° 2942, y que ella asumió al cargo en enero.

“Como es fácil comprobar, al momento de su habilitación yo no era vocera de la Presidencia, sino que trabajaba en el sector privado. El hecho de que yo ocupe temporalmente este cargo no le priva a él de seguir trabajando en el ámbito de su negocio, que es la construcción”, afirmó.

Negó que exista conflicto de intereses, pues ella no es accionista de la firma y reiteró que el acto administrativo se dio antes de su designación.

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Falta de transparencia

Si bien la ejecución de viviendas del programa “Che Róga Porã” no implicará un contrato entre empresas con el Estado, los fondos provendrán de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que otorgará créditos con una tasa históricamente baja, de solo 6,5% (ver cuadro sobre el programa). Además, al intervenir el MUVH como ente regulador de las políticas de vivienda, actúa de respaldo de las obras que harán las firmas privadas para los particulares.

Ante ese escenario, la ciudadanía tiene derecho a acceder a la información completa de las “desarrolladoras” habilitadas, pues está en juego nada más y nada menos que el sueño de la casa propia de la gente. Si no se trata de un negociado, el Gobierno podría revertir esta falta de transparencia simplemente incluyendo un registro que visibilice quiénes son los responsables de las desarrolladoras inmobiliarias y los antecedentes de ellas, ya que por las obras de viviendas que construirán estas compañías, los paraguayos y paraguayas van a endeudarse por hasta 30 años.

Si no hay nada qué ocultar, ¿qué tendría de malo transparentar?