Finalmente, tras casi seis años de investigación y luego de que la causa haya pasado por las manos de varios fiscales del Ministerio Público, el jueves último, la agente Maria Estefanía González acusó y pidió juicio oral a los responsables de la traumática obra del metrobús, que se ejecutó durante el Gobierno de Horacio Cartes.
Fueron inculpados por la presunta lesión de confianza el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y otros dos exfuncionarios, quienes se exponen hasta a 10 años de cárcel, además de multas, atendiendo a que este hecho punible prevé una pena de cinco años con posibilidades de ampliala hasta a 10 años en los casos graves, según los abogados consultados.
Los demás acusados son la exviceministra de finanzas del MOPC, Marta Regina Benítez Morínigo, y el exgerente de la fracasada obra, Guillermo Alcides Alcaraz.
En total son ocho los hechos que la fiscalía inculpa al ex ministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, inició la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagues inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio de G. 180.030 millones (US$ 25 millones al cambio actual) al Estado, según el documento de 51 páginas que la fiscalía arrimó al juzgado (ver infografía).
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Entre los puntos más resaltantes, la fiscala González evidenció en su acusación que con la firma del contrato con Mota Engil, el 31 de marzo del 2016, Jiménez Gaona “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo, tolerando, permitiendo e incumpliendo las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución del metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3″.
En este sentido, resaltó que el ex alto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13 que aprobó los contratos de préstamos con el BID y otros organismos para la financiación de la obra.
Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco con la autorización de la Comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese deconstrucción por parte de la empresa contratista”, resalta el documento.
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Iniciaron obras sin liberar franja de dominio y sin diseño final
Otro de los hechos que le imputan a Jiménez Gaona es que, en su calidad de ministro de Obras Públicas, toleró y permitió el inicio de la construcción en el tramo 3 sin haber liberado la franja de dominio, a pesar de ser una condición contractual para iniciar los trabajos.
Además resaltó que, durante el periodo 2016 al 2018, la administración del exministro inició las construcción de la obra de los tramos 2 y 3, dentro de los municipios de San Lorenzo y Fernando de la Mora, sin contar con el diseño final de ingeniería, que debía ser presentado por la empresa contratista Mota Engil.
En este sentido la fiscalía enfatiza que el MOPC no tuvo un documento válido para construir la obra, por lo que incumplió lo dispuesto en el contrato y en los documentos de licitación. Además, Jiménez Gaona no aplicó multa o penalización por atraso en la presentación del diseño ejecutivo o diseño final de ingeniería, por valor de G. 5.615 millones, causando un menoscabo patrimonial al Estado.
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Consecuentemente, el MOPC desembolsó un total de G. 180.030 millones por el pago de 29 certificaciones, por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y que no sirven para la finalidad del “Programa, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno”(metrobús), es decir, la obras pagadas no son útiles para la ciudadanía y en la actualidad se encuentran demolidas.
Entre otras cosas, la fiscalía también imputa a Jiménez Gaona la firma del convenio modificatorio Nº 1 del contrato con la empresa TYPSA INCOSA INGENEG S.A., fiscalizadora de la obra, por el cual se aumentó el contrato en G. 5.318 millones, además de contratar y pagar a dos firmas de consultoría (CAPYME y Fundación Emprender) para la ejecución y elaboración del mismo servicio.
Los otros dos exfuncionarios acusados fueron señalados como coautores, pero, además, a la exviceministra de finanzas Marta Benítez se le responsabiliza un hecho puntual: en su carácter de ministra sustituta, firmó el convenio modificatorio Nº 4 del contrato con Mota Engil, por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483 millones, que implicó una variación del precio de la obra en un 34%. Esto produjo un menoscabo patrimonial al Estado por el monto citado.
Deficiente sistema de desagüe pluvial
La fiscalía también acusó a la administración del exministro, Ramón Jiménez Gaona, de que tampoco se contó con un estudio hidrológico e hidráulico aprobado, con la validación de la fiscalización, lo que también transgredió lo establecido en el contrato y los documentos de licitación del fallido metrobús.
En este sentido, resaltó que sin que hayan realizado esos estudios, la administración “aprobó, sin la validación de la empresa fiscalizadora, la construcción de un desagüe pluvial inadecuado”. “La administración de la cartera estatal, pagó por la construcción de la adecuación del desagüe pluvial dentro del proyecto metrobús, a pesar de que no se tuvo un estudio hidrológico aprobado con la validación de la empresa fiscalizadora”, resalta el Ministerio Público.
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Además, acotó que el diseño de los desagües pluviales del proyecto metrobús, que fueron elaborados y ejecutados por el contratista Mota Engil y aceptados por el MOPC, estuvieron basados en un “periodo de retorno” de solo 10 años, en cambio, el manual de carreteras establece que para este tipo de desagües se requiere un “periodo de retorno” de entre 50 y 25 años.
Según la fiscalía, “la construcción de un deficiente sistema de desagüe pluvial ocasionó una afectación patrimonial al Estado Paraguayo por la suma de G. 17.422 millones, que “es producto de irregularidades en la gestión, y a la falta de control en el desarrollo y ejecución del proyecto”.
Esta falta de un desagüe adecuado sigue siendo un dolor de cabeza para los frentistas, ya que en las zonas que fueron intervenidas por Mota Engil se inundan con cada lluvia. El viernes último, tras las ultimas lluvias, los comerciantes reportaron que nuevamente sus negocios se llenaron de agua y que la avenida “parecía un río”, señala.