El 22 de noviembre último, la prensa del vecino país informaba que los ministros del TCU decidieron pedir al Poder Ejecutivo brasileño que elabore un plan de acción sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
El alto organismo de control, con funciones parecidas a las de la Contraloría General de la República (CGR) de nuestro país, establecía, según el informativo oficial del propio TCU, que el plan sea elaborado por la Casa Civil, en conjunto con los Ministerios de Minas y Energía y el de Relaciones Exteriores.
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El pedido no se caracterizó por la cortesía de su estilo, porque además imponía un plazo para la presentación del “plan de acción”: 60 días, que si rige desde el 22 de noviembre último vencerá el 22 de enero de 2024.
La primera de las interpretaciones que se apuntan en el primer párrafo de esta noticia se relaciona con el actual monto de la tarifa de la binacional: US$ 16,71/KWmes, 26,’6% menos que la que rigió entre el 2009 y el 2021.
La tarifa no refleja los nuevos costos de Itaipú
“Un punto importante que pesa en la revisión del Anexo C es el hecho de que el financiamiento fue pagado -el saldo deudor de la entidad terminó de pagarse el 28 de febrero de este año - ..., realizado con recursos de los préstamos contratados con Eletrobrás y el BNDES. Con la finalización de los pagos se esperaba una reducción significativa de la tarifa de Itaipú, pagada por los consumidores cautivos de las regiones Sur, Sudeste y Centro Oeste. Sin embargo esto no fue confirmado”.
Esa tarifa, según fuentes técnicas responsables, con la liquidación de la deuda de Itaipú, debió rondar los US$ 9/KWmes.
El segundo punto, tal vez el más controvertido, se refiere a la conclusión que se lee en el informe del relator del TCU, que nuestro país, en 2020, solo cubrió el 12% del costo de la usina y Brasil el 20%.
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Si bien no se aclara a qué costos se refiere, lo señalado en el párrafo precedente es la conclusión de las siguientes premisas del relator del TCU: que Paraguay, en los últimos años, contrató potencias inferiores a sus necesidades reales, y que el resto de esas necesidades lo cubrió con la utilización de “energía no vinculada” o superior a la garantizada.
¿US$ 61/MWh para Brasil?
Apunta asimismo que, por ese procedimiento, el costo de la energía para nuestro país fue de US$ 30,46/MWh, en tanto que para Brasil fue de US$ 60,56/mWh “considerando la remuneración por cesión de energía”, obviamente, sin admitir que esa remuneración es el precio del excedente paraguayo en la central binacional.