La Contraloría General de la República (CGR) informó que continúa verificando el fallido contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar) con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, y que de dicho trabajo, que se inició hace más de un mes, dependerá la apertura de una auditoría del contrato rescindido.
El subcontralor Augusto Paiva informó que la verificación está a cargo de la Dirección de Contrataciones de CGR, cuyo titular es Paul Ojeda, quien evitó opinar sobre el avance de los trabajos que realizaron hasta ahora
Paiva agregó que al cancelarse el contrato, la CGR realizó un pedido de informe que ya fue respondido por Petropar, y que la fecha esos documentos está siendo analizados por el organismo de control. Se le consultó cuándo se tendría el informe final de la verificación, a lo que respondió que al quedar sin efecto el llamado, el informe finalizaría en breve.
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Cuando se le preguntó sobre la no ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta por parte de Petropar, tras la anulación del contrato con la firma de Lafarja, dijo que no puede preopinar sobre un tema que se está analizando en la CGR, pero enfatizó que la estatal debe hacer todo lo posible para recuperar esa caución.
“Petropar debe reclamar el tema de la garantía y arbitrar medidas administrativas al rescindir el contrato, porque fue por la vía de la excepción”, manifestó el funcionario.
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Contraloría requiere más elementos para analizar existencia de posible lesión de confianza
Sobre este mismo punto también consultamos a Leandro Villalba, de la Dirección de Auditoría Forense de la CGR, dependencia que analiza los posibles hechos punibles de los informes del ente de control, quien resaltó que en su momento analizarán la posible existencia de delitos.
“En la medida que la actividad de control avance y en el eventual caso de que se detecten irregularidades, lo analizaríamos a tal efecto”, explicó.
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Cuando se le insistió si Petropar, al no reclamar la garantía de mantenimiento de oferta a la empresa AP SA, estaría incurriendo a un posible caso de lesión de confianza, el funcionario respondió que con los protocolos de Contraloría requerirá de todos los elementos del caso para opinar al respecto.
Tras la rescisión del contrato con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, la firma de la deportista debía pagar US$ 1,5 millones a Petróleos Paraguayos (Petropar), que corresponde al monto de la garantía de mantenimiento de oferta, que la compañía presentó en formato de declaración jurada para poder adjudicarse el fallido contrato para la provisión de gasoíl.
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Sin embargo, esa caución venció el 7 de noviembre último, según los datos publicados en el portal de la DNCP, donde también se dejó constancia de que esa garantía no fue ejecutada por Petropar. La petrolera alegó que había intimado a la firma para que pague los US$ 1,5 millones de la caución, pero que esta no cumplió con el desembolso.
No se aclaró empero cuándo se hizo el reclamo de pago a la firma de Lafarja, tampoco cuáles son las acciones legales que realizarán. Menos aún enviaron los documentos oficiales sobre la intimación que hicieron.