Este martes, el juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú hizo lugar a la imputación por supuesta lesión de confianza al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y a dos otros exfuncionarios del Gobierno, en el marco de la investigación sobre el fallido proyecto del metrobús.
El lunes, el Ministerio Público anunció que imputó a Jiménez Gaona, a la exviceministra de Finanzas María Regina Benítez y al exgerente de la obra del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz por supuesta lesión de confianza, por el presunto incumplimiento de las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra, lo que impidió la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota Engil Ingeniería y Construcción SA.
Lea más: Fiscalía imputó a Jiménez Gaona y dos exfuncionarios por el fiasco metrobús
Imposición de medidas de Jiménez Gaona será el 20 de abril
El juez Otazú programó para el próximo jueves 20 de abril, a las 09:00, la audiencia de imposición de medidas a los imputados.
La fiscala que presentó la imputación, María Estefanía González, comentó a ABC Cardinal este martes que hasta el momento la investigación del Ministerio Público, en base a un informe redactado por la Contraloría General de la República, detectó un presunto daño patrimonial al Estado de al menos 29 millones de dólares.
Lea más: Caso metrobús: las irregularidades detectadas hasta ahora
Entre las irregularidades detectadas hasta ahora se cuenta el hecho de que las labores para desagüe pluvial de la obra no fueron verificadas por técnicos, no había contratos o resoluciones con las municipalidades afectadas por la obra ni se pagó indemnizaciones a los frentistas cuyos negocios se veían afectados por los trabajos de construcción.
Además, señaló la fiscala, ni siquiera existía un diseño final de las obras cuando estas comenzaron ni se cobró a Mota Engil las multas por retrasos en la entrega de la obra culminada, según los plazos establecidos en el contrato.
La primera denuncia penal por el caso metrobús fue realizada en 2018, pero el caso quedó congelado en la Fiscalía durante toda la administración de la ex fiscala general Sandra Quiñónez.