La fiscala María Estefanía González, que desde setiembre del año pasado tiene a su cargo la causa del fracasado metrobús del Gobierno de Horacio Cartes, señaló que con la indagatoria que realizó en febrero último a los denunciados por lesión de confianza, se evitó que la causa prescriba. La agente confirmó que con esta “interrupción”, prevista en el código penal, se ganó cinco años más para seguir con las investigaciones del caso.
Esto atendiendo a que ya se estaba por cumplir el plazo de la pena máxima de cinco años que se prevé por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, que se había denunciado en este caso, por lo que la causa iba a prescribir. Sin embargo, al citar a los denunciados a indagatoria se evitó que la causa se extinga y se consiguiera más tiempo.
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En este sentido, el 23 de febrero último, la agente citó a los involucrados a declarar, entre ellos al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona; la a exviceministra de Finanzas, Marta Benítez Morínigo; al exgerente del metrobús, Guillermo Alcaraz, y el exjefe de Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz. “Ya declararon todos en febrero”, informó González y agregó que llamó a indagatoria para evitar la prescripción de la causa.
Asimismo mencionó que en este momento están priorizando el peritaje para evaluar en qué estado quedó el frustrado proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y, además, para identificar la existencia de algún hecho punible e individualizar a los responsables para una eventual imputación.
“Ya se le designó a los peritos, ya los convoqué, vinieron hasta la unidad fiscal e hicieron su juramento. Lo que me pidieron (los peritos) son varios informes para que puedan realizar su trabajo. Nosotros enviamos a las instituciones correspondientes (los pedidos de informe) y nos pidieron un tiempo para que nos puedan enviar estos informes. Una vez que tengamos esos informes los remitiremos a los peritos”, explicó.
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Hubo “encubrimiento doloso”, según abogado
El abogado Jorge Rolón Luna presentó la semana pasada una denuncia ante la Inspectoría General del Ministerio Público contra los fiscales que en su momento “congelaron” el caso del metrobús durante casi cinco años.
El jurista consideró que en el caso de la malograda obra hubo “una gigantesca operación de encubrimiento doloso” y pidió al nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, que tome cartas en el asunto.
“Espero que esto se reencauce, que se retome la investigación y en serio, ahora que tenemos un nuevo fiscal general. Yo particularmente considero que esto fue una gigantesca operación de encubrimiento doloso, no culposo, en el sentido de descuido, negligencia, fue evidente que nunca se quiso investigar”, expresó.
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Rolón Luna señaló a ABC que el inspector general de la fiscalía, Eulalio Ramírez Méndez, debe investigar seriamente a los fiscales que nada hicieron en este caso y quienes casi dejaron que la causa prescriba. El abogado denunció ante la Inspectoría a los fiscales Nathalia Silva, Alcides Corvalán, Esmilda Álvarez y también a González.
Recordemos que el MOPC pagó más de US$ 30 millones a Mota Engil, firma que ejecutó apenas cerca del 30% de lo programado en el proyecto metrobús. Además, la firma portuguesa sigue con su pretensión de cobrar US$ 35 millones más en un arbitraje internacional.
Hubo varias denuncias penales
La primera denuncia del caso metrobús fue presentada por el Ing. Herman Pankow el 28 de mayo del 2018. A esto se sumaron dos denuncias más, la primera que había sido presentada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien también presentó otra demanda penal en enero de 2019 contra el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y la segunda fue remitida por la Comisión Bicameral del Congreso, la que también investigó el fallido proyecto y reveló varias irregularidades.
La Contraloría General de la República (CGR) iugalmente remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús, en la que reveló aparentes hechos punibles.