Denuncian a fiscales que cajonearon por años el caso del fallido metrobús

El abogado Jorge Rolón Luna presentó ayer una denuncia en el Ministerio Público contra los fiscales que no avanzaron con la investigación del fracasado metrobús y que cajonearon la causa por casi cinco años. La fiscala del caso señala que tras la citación a indagatoria el caso no prescribirá y que continuarán con las pesquisas.

La zona del fallido metrobús continúa en pésimas condiciones. El actual gobierno sólo se encargó de echar las “paradas” y habilitar de forma chapucera la avenida.FERNANDO ROMERO
audima

El exjuez electoral y abogado Jorge Rolón Luna presentó ayer ante la Inspectoría General del Ministerio Público una nueva denuncia por el caso del fracasado metrobús, esta vez contra todos los agentes fiscales intervinientes en la investigación, que cajonearon la causa durante casi cinco años.

Específicamente, esto alcanza a los agentes fiscales Nathalia Silva, Alcides Corvalán, Esmilda Álvarez y María Estefanía González, quien actualmente sigue siendo la responsable de la investigación y que el 23 de febrero último realizó una citación de indagatoria a los denunciados, para evitar que la causa prescriba.

De igual manera, la denuncia de Rolón también se extiende contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y contra el inspector general del Ministerio Público, Eulalio Ramírez Méndez.

Según reiteró Rolón Luna, la denuncia de Herman Pankow en el caso de la fallida obra está a punto de cumplir cinco años con nulos avances y precisó que la carpeta fiscal “se encuentra en una fiscalía barrial y no en una especializada”, mientras que a lo largo de estos años no existió ni una sola persona imputada por este tema.

Fiscala González citó a indagatoria por caso metrobús

La fiscala González está en el caso desde diciembre del año pasado y hoy se encuentra apurando un peritaje en la fallida obra y, además, el 23 de febrero último citó a indagatoria a los denunciados, entre ellos, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona; la exviceministra de Finanzas, Marta Benítez Morínigo; el exgerente del metrobús, Guillermo Alcaraz y el exjefe de Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz. La agente del Ministerio Público señaló ayer que con esta indagatoria la causa no prescribirá y habrá tiempo para seguir investigando.

Los números del metrobús

Justamente, el 28 de mayo de este año se cumplirán cinco años desde que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido proyecto del metrobús y la causa estaba por prescribir, si la fiscalía no actuaba.

Prueba de fuego de nuevo fiscal general

Rolón Luna precisó que el caso metrobús y esta denuncia contra los investigadores formarían parte de una “prueba de fuego” para el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien hoy jueves asumirá como nuevo titular del Ministerio Público para reemplazar a la cuestionada Sandra Quiñónez.

La zona del fallido metrobús sigue en desastrosas condiciones.

“Es una obra de 50 millones de dólares y no hay nada. Ni se puede decir que se gastó en esto y no funcionó. Una obra emblemática que no tiene nada. Esto es absoluta responsabilidad de los fiscales. Será una prueba de fuego para Emiliano Rolón”, apuntó el denunciante.

El MOPC pagó más de US$ 30 millones a Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el proyecto metrobús. Además, la empresa portuguesa sigue con su pretensión de cobrar US$ 35 millones más al Estado paraguayo, cifra que reclamó en un arbitraje internacional, en el que demandó al MOPC.

El arbitraje está en autos para sentencia y depende del tribunal definir si se paga más o no a la empresa extranjera, según confirmó el procurador Rodolfo Barrios. Añadió que no hay plazo para que los jueces dicten sentencia, pero indicó que el laudo se daría en el primer semestre de este año.

La denuncia del caso metrobús fue presentada por el Ing. Herman Pankow el 28 de mayo de 2018. A esto se suman dos denuncias más, la primera que había sido presentada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien también interpuso otra demanda penal en enero de 2019, y la segunda fue remitida por la Comisión Bicameral del Congreso, la que también investigó el fallido proyecto y reveló varias irregularidades.

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