¿Otro “metrobús” en puerta? A tambor batiente quieren aprobar proyecto del tren

Para este jueves se tiene previsto el tratamiento del proyecto de ley del tren de cercanías, en el Senado, iniciativa con severos cuestionamientos jurídicos, económicos y sociales. Todo indica que estamos ante un posible nuevo “metrobús”, que causó estragos a la economía de los frentistas y le costó más de US$ 50 millones a los contribuyentes, sin que haya culminado ni una cuadra de obra.

Proyecto del ‘Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Ypacaraí', a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA).GENTILEZA
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El tren de cercanías nuevamente está en agenda de la Cámara de Senadores, en su sesión prevista para este jueves a partir de las 9:00. En el punto 11 del orden del día figura el proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto ‘Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Ypacaraí', a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA); y se autoriza la suscripción del contrato de subconcesión respectivo”.

El proyecto, que generó numerosos cuestionamientos de juristas, frentistas y hasta dudas del Ministerio de Hacienda e interrogantes dentro del propio MOPC, es impulsado “a tambor batiente” por varios senadores, encabezados por Rodolfo Friedmann (ANR oficialista), pero también Ramón Retamozo (ANR oficialista), Juan Darío Monges (ANR cartista), Hermelinda Ortega (PLRA Efrainista), Oscar Salomón (ANR oficialista ), Patrick Kemper ( Partido Hagamos), Lucas Aquino (PLRA), Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu), Enrique Salyn Buzarqui (PLRA efrainista) y Juan Carlos Galaverna (ANR cartista).

Tren de cercanías, sin licitación

Conforme a los datos de Fepasa, lo que se pretende con el mencionado proyecto de ley es que Fepasa entregue el plan del tren de cercanía sin licitación a la estatal Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias (Hyundai, entre otras) y lo explote por 40 años. El costo total estimado del plan trepa a US$ 587 millones, que se financiará como deuda del Estado Paraguayo.

Desde hace meses ya se anunciaba un trato con "técnicos de Corea".

Pero además de ese cuestionamiento de que se pretende adjudicar de forma directa y sin que haya competencia entre empresas, el temor de numerosos ciudadanos es que se trate de “otro metrobús”, proyecto en el cual en total el Estado gastó más de US$ 50 millones sin que se termine ni una cuadra de obra, con trabajos que se hicieron por dos años y paralizaron la economía de miles de frentistas y perjudicaron a muchos más ciudadanos que circulaban por la zona.

Precisamente, uno de los puntos claves en el metrobús fue que se firmó contrato sin antes liberar la franja de la obra. Exactamente la misma situación se tiene ahora, con miles de familias viviendo desde hace décadas sobre la franja del Ferrocarril.

Como en el metrobús, aún no liberan franja

Recientemente, los frentistas expresaron su rechazo a la iniciativa parlamentaria, alegando que muchos de ellos tienen títulos de propiedad en zona de Ypacarai y los que no tienen, cuentan con ocupación y posesión desde hace más de 20 años.

Por ejemplo, Guillermina Villamayor, frentista, enfatizó que no están en contra del proyecto, pero sí están en desacuerdo que sean desalojados sin que se respeten sus derechos. En este sentido, lamentó que ya estén siendo tratados de “usurpadores”.

La delegación coreana visitó la franja de dominio del antiguo ferrocarril.

A su turno, Wilfrido Fernández, también vocero de los frentistas, volvió a insistir en que “no existe la franja de dominio del ferrocarril” y cuestionó la postura del abogado Theodore Stimson, que había calificado de “delincuentes” a los frentistas porque a lo largo de las décadas se ubicaron sobre espacios públicos. En este sentido, Stimson había señalado que todos los ocupantes de la franja del antiguo ferrocarril son usurpadores y que deben abandonar ese espacio e inclusive indemnizar al Estado.

Independientemente de cómo se resuelva eso, es el primer paso antes de pensar en firmar un contrato y adjudicar de forma directa la instalación y explotación del tren durante 40 años, según sostienen varios legisladores consultados.

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