El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó su cuarto informe de gestión anual del Gobierno ante el Congreso Nacional. Fue notoria la ausencia de mención siquiera de las cuestiones relativas a los juegos de azar, aspecto que estuvo en la agenda política ante una serie de manifestaciones, tratamiento de tragamonedas en el Parlamento y ocho personas, entre ellas autoridades, se encuentran procesadas.
Hace tres semanas, la comisión decidió por fin eliminar el contrato con la firma iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, a la que le dieron la tarea de censar, catastrar y explotar tragamonedas que operaban en lugares que la misma ley prohibe, como peluquerías y otros comercios de libre concurrencia.
La medida se concretó casi dos meses después de que rija la Ley N° 6903/22, que establece medidas de protección para niños, niñas y adolescentes de la influencia de las citadas máquinas y prohibe su uso en los mencionados locales. Esta nueva normativa ratifica lo dispuesto en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, decretos y reglamentaciones complementarias.
Empresarios y trabajadores del rubro cuestionaron que tuvo que emitirse una nueva ley para que se cumpla la vigente desde 1997.
Por haber autorizado ese contrato que iba contra la ley, varias exautoridades de Conajzar hoy están imputadas por haber cometido presuntamente hechos punibles. Ocho personas se encuentran procesadas por irregularidades en la gestión de “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos, la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa y la reducción del canon.
La fiscala del caso, María Estefanía González, tiene plazo hasta este 7 de julio para acusar a los imputados. La llegaron a recursar pero todo se desestimó.
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