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Las 10 empresas sometidas a esta sanción son Lago Azul de Ypacaraí S.A (Línea 128), Coronel Panchito López (Líneas 29 y 420), De Transportistas Guaraní S.A (Líneas 2 y 7), González Quiñónez S.R.L (Línea 19), Naviera San Francisco S. A (Línea 203), GMT y T S.R.L (Línea 54), Coronel Thompson S.R.L (Línea 14), Ciudad de Guarambaré S.R.L (Línea 32), Natividad de la Virgen Marpia (Línea 85) y Transporte Paraguay S.R.L (Línea 9).
La medida es impuesta a consecuencia del incumplimiento del Decreto 2133/ 2014 por parte de estas empresas. En su artículo 4°, este decreto afirma que “En caso de que las empresas de transporte del Área Metropolitana de Asunción no den cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto, dicho incumplimiento será motivo suficiente para la cancelación de su permiso de explotación, previo sumario administrativo”.
Como podrán ver, ahora, las mencionadas empresas se exponen a que se les retire su permiso de prestar servicios.
Sobre la decisión, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, apuntó: “Estamos cumpliendo con la disposición presidencial, de tal manera a consolidar la transformación del sistema de transporte público, abriendo sumarios a empresas que no se ciñen a los lineamientos que garanticen el bienestar de los usuarios. La ciudadanía pide un servicio de calidad y solo con este tipo de medidas lo vamos a lograr”.
Recordemos que el gobierno, durante el año 2014, había entregado un subsidio de US$ 30.000 por cada bus a distintas empresas que pasaron por ciertas condiciones, para la compra de modelos nuevos de ómnibus de manera a ampliar su flota. Los rodados debían estar equipados con aire acondicionado y todas las condiciones adecuadas para un confortable viaje de pasajeros.
Las empresas citadas son las que no habían calificado en su momento para el subsidio, por distintos motivos, como ser deudoras del Banco Nacional de Fomento, por no tener a los choferes inscriptos ante el Ministerio de Justicia y Trabajo o el IPS, por deber cánones al Viceministerio, por no cumplir con Tributación, entre otras cosas.
“Al no haber calificado en su momento como para ser beneficiarias de los US$ 30.000 por unidad, ya quedó bajo responsabilidad de ellos comprar los buses 0 km que exigía el decreto”, explicó el vicemistro Encina a ABC Color.
En total, tuvieron aproximadamente 16 meses de plazo para renovar al menos el 20% de su flota. Estos buses en excelentes condiciones debían estar listos a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Al no haberlo hecho, se procedió a la apertura del sumario.
Según datos proporcionados por Encina, un bus promedio cuesta US$ 134.000. Los US$ 30.000 que el Estado había entregado eran en contraprestación, es decir: “Nosotros le entregábamos los US$ 30.000, y ellos nos debían entregar un bus de su flota de hasta 20 años de antigüedad, para proceder a su destrucción”, nos detalló el viceministro.
Consultado sobre cuáles son los argumentos dados por los empresarios de transporte por no ponerse al día con la renovación de su parque, Encina respondió que por el momento, las empresas tienen nueve días para responder. “En caso de no tener justificativo alguno, se les cancelará su permiso de explotación de itinerario”.
El viceministro explicó también que el sumario no se da solo por las malas condiciones de los ómnibus, sino también por otros incumplimientos, como no tener los buses a nombre de la empresa, no cumplir con el itinerario, entre otras irregularidades.
Según apuntó Encina, entre 30 y 40 empresas cumplen actualmente con el 20% de su flota renovada y todos los requisitos para circular. Algunas fueron beneficiarias del subsidio estatal, otras lo hicieron por su cuenta, según señaló el viceministro de Transporte. El funcionario recordó que, además de estas 10 empresas que están siendo sumariadas ahora, hace un par de semanas atrás cancelaron a la empresa Nueva Italia, que solo está prestando servicios hasta tanto una nueva empresa sea adjudicada, para no dejar sin cobertura el itinerario.
La empresa San Gerardo también perdió su itinerario por prestar un servicio deficitario, y la empresa Rysa Paraná, hace unas semanas comunicó al viceministerio que abandonaba el servicio, porque no podía cumplir con los requerimientos.